El juez de la Corte designado por Milei rechazó el amparo presentado por ONGs y sostuvo que sólo puede ser removido por juicio político. Apuntó contra la falta de integración del Tribunal.
Política25 de marzo de 2025
Sección País
El juez Manuel García-Mansilla, designado por decreto por el presidente Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia, defendió este martes la legalidad de su nombramiento y pidió al juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, que cierre la causa sin más trámite.
En un escrito duro, García-Mansilla afirmó que un juez no puede remover a otro juez, y que su designación sólo puede ser revocada por juicio político, según establece la Constitución Nacional. "Ramos Padilla no tiene jurisdicción para intervenir", sostuvo, en referencia al amparo presentado por un grupo de ONGs que piden declarar inconstitucional el decreto 137/2025.
El juez recordó que su nombramiento es provisorio y en comisión, válido hasta el fin del período legislativo, y que fue ratificado de hecho por la Corte al tomarle juramento el pasado 27 de febrero. “Al aceptar el amparo se estaría alzando contra la propia Corte”, advirtió.
García-Mansilla explicó que su pliego será tratado recién el 3 de abril en el Senado, y que solo en caso de obtener los dos tercios de los votos podrá continuar en el cargo de forma definitiva. Por ahora, no piensa renunciar, aunque en su entorno reina la ambigüedad.
Además, el juez apuntó contra las ONGs: dijo que no tienen legitimación para accionar porque no existe un caso concreto ni agravio directo. Y aseguró que desconocen la Constitución, sus antecedentes históricos y la jurisprudencia de la propia Corte.
También cuestionó el argumento de que el Tribunal puede funcionar con tres jueces y conjueces. Según García-Mansilla, el llamado a conjueces ralentiza las decisiones y compromete la operatividad del Tribunal, que hoy acumula más de 90.000 expedientes.
“La integración definitiva de la Corte es una necesidad indiscutible. Completar el tribunal es urgente para evitar el colapso”, cerró. La decisión ahora está en manos del Congreso... o del Senado, si el pliego no pasa.
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