Funcionarios provinciales y gremios viales apuntaron contra el Gobierno por el abandono de obras. El secretario de Obras Públicas no fue al Congreso y ahora lo quieren interpelar.
Política26 de marzo de 2025
Sección País
La Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados fue escenario este martes de una fuerte embestida contra el parate total de la obra pública impuesto por el Gobierno nacional. Funcionarios provinciales, gremios del sector y legisladores de distintas bancadas cuestionaron la decisión del Ejecutivo, en una reunión a la que no asistió el secretario de Obras Públicas, Luis Giovine, pese a haber sido convocado.
“No podía venir por problemas de agenda, pero la obra pública está parada, así que no sé cuál es la agenda”, ironizó el presidente de la comisión, el diputado de UP Bernardo Herrera, que anticipó que impulsarán un pedido de interpelación a Giovine y al titular de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy.
El ministro de Obras Públicas de La Pampa, Alfredo Intronati, fue claro: “Tuvimos que aprobar una ley de emergencia para terminar las obras que Nación dejó colgadas”. Según dijo, en su provincia hay 1.479 km de rutas abandonadas por la parálisis impuesta desde el 10 de diciembre.
Desde La Rioja, el director de Vialidad, Jorge Escudero, denunció el abandono total del interior del país. “Dicen que nos giraron fondos, pero no es cierto. La obra pública está paralizada”, remarcó.
La secretaria general del gremio de trabajadores viales, Ana María Aleña, fue tajante: “Esto no es un ajuste del Estado: acá se está poniendo en riesgo la vida de los argentinos en las rutas”. Denunció que hay 1.500 puestos de trabajo en riesgo y criticó el decreto que pretende fusionar Vialidad Nacional con otros organismos, además de derogar la ley que le dio origen.
También advirtió sobre un posible desguace de la DNV y remarcó que la falta de mantenimiento en rutas nacionales es una amenaza directa a la seguridad vial.
Desde ATE, AUBASA, FEPEVINA y otras organizaciones gremiales se sumaron a los reclamos por desfinanciamiento, despidos encubiertos y vaciamiento institucional.
Hasta el radical Julio Cobos se despegó de la línea oficialista: “Pensamos que la suspensión de obras era algo transitorio, pero claramente no lo es. El gobierno habla de seguridad, pero hay más muertos por accidentes viales que por homicidios, y eso también es responsabilidad del Estado”.
El clima fue de consenso opositor en torno a la necesidad de frenar lo que varios definieron como el vaciamiento sistemático de la obra pública nacional. Ahora, el Congreso buscará obligar a los funcionarios responsables a dar explicaciones cara a cara.
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