El máximo tribunal penal del país declaró constitucional la ley 27.375, que impide acceder a beneficios como la libertad condicional en casos de delitos vinculados al tráfico de drogas.
Política08 de abril de 2025
Sección País
La Cámara Federal de Casación Penal convalidó este martes por mayoría la constitucionalidad de la ley 27.375, que restringe el acceso a beneficios penitenciarios para personas condenadas por narcotráfico. En un fallo plenario, el máximo tribunal penal del país respaldó el endurecimiento del régimen de cumplimiento de penas y lo consideró compatible con los principios de progresividad, igualdad ante la ley y razonabilidad.
El fallo plenario Nº16 fue firmado por siete de los diez jueces del cuerpo: Daniel Petrone, Diego Barroetaveña, Mariano Borinsky, Guillermo Yacobucci, Carlos Mahiques, Javier Carbajo y Gustavo Hornos. La decisión se impone como doctrina obligatoria para todos los tribunales inferiores.
La norma en cuestión impide otorgar la libertad condicional y otros beneficios a condenados por delitos comprendidos en los artículos 5, 6 y 7 de la ley de drogas 23.737. Según los fundamentos del fallo, este régimen no vulnera la finalidad de reinserción social de la pena ni afecta derechos fundamentales, ya que prevé un esquema preparatorio de liberación durante el último año de la condena.
La posición mayoritaria refuerza una línea interpretativa que había sido impulsada por los actuales ministros Luis Petri (Defensa) y Patricia Bullrich (Seguridad), conocida como “doctrina del encierro”, y que desde sectores críticos es señalada como un modelo de endurecimiento punitivo sin evidencia de eficacia para reducir el narcotráfico.
En disidencia, los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Juan Carlos Gemignani consideraron que el recurso que dio origen al plenario era inadmisible y que el tema excedía las facultades del tribunal en ese marco.
El caso que activó el debate fue un recurso del Ministerio Público Fiscal contra una decisión de la Sala de Feria de Casación, que había declarado inconstitucional el artículo 56 bis de la ley 24.660 tras un planteo de la defensa de una persona condenada por narcotráfico.
La audiencia pública se realizó el pasado 11 de marzo, con transmisión en vivo y participación de representantes del Ministerio Público, la Defensoría General, el CELS, la Asociación Pensamiento Penal y otras organizaciones, algunas de las cuales intentaron ser admitidas como “amigos del tribunal”, aunque sin éxito formal.
El fallo de Casación refuerza el actual esquema normativo que impide atenuar penas por delitos de narcotráfico, en un contexto de creciente debate sobre las políticas de seguridad y ejecución penal en Argentina.
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