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El titular de Diputados aclaró que no se usarán fondos públicos para costear viajes a Roma. “Cada legislador deberá pagarse su pasaje”, dijo.
Por DNU, el Gobierno limitó su rol como querellante y redefinió su vínculo con organismos de inteligencia.
Política17 de abril de 2025El Gobierno nacional oficializó este jueves una reforma clave en las competencias de la Unidad de Información Financiera (UIF). A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/2025, le quitó al organismo la posibilidad de actuar como querellante en causas vinculadas al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
La medida fue firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, y modifica la Ley 25.246. Según el Ejecutivo, la actuación judicial de la UIF “podría afectar su autonomía e independencia operativa”.
El decreto argumenta que, a nivel internacional, “la UIF argentina es un caso aislado” por su facultad de querellar, vigente desde el Decreto 2226/08. Con esta reforma, ese rol queda eliminado.
Además, se habilita a la Unidad —bajo la órbita del Ministerio de Justicia y conducida por Paul Starc— a intercambiar información con organismos de inteligencia y otras entidades públicas, siempre preservando el carácter secreto de los datos. Hasta ahora, ese acceso estaba limitado al Ministerio Público Fiscal.
También se establece que la UIF podrá colaborar y requerir asistencia de otros entes del Estado, incluyendo el Poder Judicial, pero sin intervenir directamente como parte acusadora.
Entre los motivos esgrimidos para el cambio, el Gobierno apuntó a la necesidad de “reducir la superposición de funciones entre entes, garantizar una mayor coordinación en las políticas de administración de los recursos públicos y promover una gestión más ágil y centralizada”.
El DNU marca un nuevo recorte institucional y redefine el rol del organismo encargado de prevenir delitos financieros, en línea con la estrategia oficial de achicar estructuras y limitar facultades en áreas sensibles.
El titular de Diputados aclaró que no se usarán fondos públicos para costear viajes a Roma. “Cada legislador deberá pagarse su pasaje”, dijo.
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