Caso $Libra: Servini pidió al Banco Central los movimientos bancarios de Milei y su hermana

La jueza federal María Servini libró un oficio al Banco Central para que informe qué entidades bancarias operaron o mantienen cuentas a nombre del presidente Javier Milei y de su hermana, Karina Milei, en el marco de la causa por el escándalo de la criptomoneda $Libra. La medida forma parte de una investigación patrimonial bajo secreto de sumario que apunta a determinar si hubo movimientos sospechosos vinculados al lanzamiento del token.

El pedido, realizado en forma reservada, fue impulsado ante las denuncias que investiga el fiscal Eduardo Taiano, quien tiene delegada la causa. El requerimiento abarca el período comprendido desde 2023 hasta la actualidad.

En paralelo, Servini ordenó la inhibición de bienes y la prohibición de innovar por 90 días para tres imputados clave: Mauricio Novelli —vinculado directamente al proyecto cripto y al entorno presidencial—, Sergio Morales (exasesor de la Comisión Nacional de Valores) y Manuel Terrones Godoy. En el caso de Novelli, la medida también alcanza a su madre, María Alicia Rafaele, y su hermana, María Pía Novelli.

El expediente sumó en los últimos días un informe clave de la División Lavado de Activos de la Policía Federal, que reconstruyó los movimientos de Rafaele y Novelli en la sucursal Martínez del Banco Galicia. El 17 de febrero, apenas un día hábil después del posteo de Milei promocionando $Libra, ambas ingresaron con bolsos aparentemente vacíos y salieron con ellos visiblemente abultados. Semanas después, las cajas de seguridad fueron allanadas y estaban vacías.

“A las 11:03:08 se visualiza a las Sras. en cuestión salir de la sucursal, notándose tanto el bolso de mano como la mochila que utilizaron al momento de ingresar, aparentemente más abultados”, detalla el informe.

El escándalo comenzó el 14 de febrero, cuando Milei compartió en su cuenta de X un link promocionando $Libra. El token se disparó en valor, atrajo a miles de compradores y luego se desplomó, en lo que se considera un caso típico de “rug pull”. Tras el derrumbe, el propio Presidente se desligó del negocio. Ahora, la Justicia busca establecer responsabilidades.