Milei defendió el equilibrio fiscal y anunció un proyecto para penalizar el déficit; la UBA está de paro; la Justicia confirmó 76 muertes por fentanilo contaminado, que podrían aumentar; y la economía sigue en modo "moonwalk".
Condenaron a dos exempleados de Emiliano Estrada por una campaña difamatoria en redes
Recibieron un año y cuatro meses de prisión en suspenso. Señalaron al diputado como instigador, pero no fue imputado por sus fueros.
Política15 de mayo de 2025
Sección País
Dos exempleados del diputado nacional Emiliano Estrada fueron condenados a un año y cuatro meses de prisión en suspenso por haber participado en una campaña de intimidación pública a través de redes sociales, ejecutada bajo órdenes directas del legislador salteño, según consta en sus testimonios. También fueron inhabilitados por un año para ejercer cargos públicos.
Los condenados, Florencia Arias Bustamante y Alonso Allemand, eran empleados del Congreso de la Nación y respondían jerárquicamente a Estrada. La investigación judicial demostró que desde sus perfiles y cuentas creadas para tal fin se difundieron videos difamatorios y mensajes hostiles dirigidos a periodistas, empresarios y dirigentes políticos de Salta.
El caso fue impulsado de oficio por la fiscal de ciberdelitos Sofía Cornejo Solá, luego de que se viralizaran los contenidos agresivos. Durante el juicio abreviado ante el Juzgado de Garantías de 7ª Nominación, a cargo del juez Pablo Zerdan, los acusados admitieron haber actuado bajo indicaciones de Estrada.
Aunque ambos domicilios fueron allanados y se secuestraron teléfonos y computadoras, el diputado nacional no fue indagado ni imputado, amparado en los fueros que conserva hasta diciembre. La causa que lo involucra como presunto instigador fue derivada a la Justicia Federal, pero no registra avances significativos.
El fallo confirmó la condena de Arias y Allemand como partícipes secundarios del delito de intimidación pública. Según la investigación, la maniobra incluyó la creación de múltiples cuentas anónimas utilizadas para hostigar en redes sociales a personas específicas, en una operación que se extendió durante meses con recursos del Estado.
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