Fue creada por su propio gobierno tras las denuncias por estafa, pero fue disuelta esta madrugada con un decreto firmado por él mismo y el ministro de Justicia, Cúneo Libarona.
Política20 de mayo de 2025
Sección País
El gobierno nacional disolvió esta madrugada la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) que había sido creada para indagar el escándalo de la criptomoneda $Libra, tras la denuncia por presunta estafa que involucró directamente al presidente Javier Milei y su entorno.
La medida fue oficializada a través del Decreto 332/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial y firmado por el propio Milei junto a su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. En el texto se afirma que la UTI “ha dado cumplimiento a la tarea que le fuera encomendada por el Decreto N° 114/25” y que “la información recopilada fue remitida al Ministerio Público Fiscal”.
La UTI había sido conformada en febrero, luego de la polémica que se generó por la promoción de $Libra a través de las redes sociales del Presidente. El token cripto, una simple memecoin sin respaldo ni regulación, fue impulsado por Javier Milei el 14 de febrero. En pocas horas su cotización se disparó, pero terminó desplomándose cuando sus creadores se retiraron del proyecto.
El episodio generó pérdidas millonarias para miles de pequeños inversores y abrió una catarata de denuncias, tanto en Argentina como en el exterior. Incluso se presentó una demanda colectiva en Estados Unidos contra el mandatario argentino, por presunta promoción engañosa.
La UTI, integrada por representantes de organismos financieros y de prevención de lavado de activos, tenía como objetivo analizar si hubo maniobras de “rug pull” —la clásica estafa en la que los desarrolladores de una criptomoneda huyen con el dinero recaudado— y definir eventuales responsabilidades penales o administrativas.
Ahora, con el decreto 332, esa línea de investigación queda cerrada desde el propio Poder Ejecutivo. Según fuentes judiciales, la causa continúa bajo análisis del Ministerio Público Fiscal, pero sin el respaldo técnico ni documental que la UTI aportaba desde dentro del Estado.
La disolución ocurre en medio de una fuerte ofensiva del oficialismo contra las investigaciones que salpican al círculo íntimo de Milei. La decisión de clausurar el organismo que su propio gobierno había creado refuerza las sospechas de encubrimiento y le pone un nuevo condimento político a una causa que, lejos de apagarse, sigue sumando elementos.
El ministro de Justicia mencionó un proyecto para llevar el máximo tribunal a siete integrantes. La declaración refuerza las versiones de un acuerdo en marcha con el peronismo para reformar el Poder Judicial.
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