Milei y Sturzenegger avanzan para limitar el derecho a huelga en casi todas las actividades

El gobierno de Javier Milei dio un paso más en su ofensiva contra los sindicatos con una fuerte limitación al derecho a huelga. Lo hizo a través del DNU 340, publicado bajo el pretexto de desregular la actividad de la marina mercante, pero que en realidad incluye una reforma laboral más profunda que la contenida en el DNU 70, actualmente frenado por la Justicia.

El artículo 3 del decreto modifica el artículo 24 de la Ley 25.877 y redefine el concepto de “servicio esencial”, obligando a garantizar una prestación mínima del 75% en huelgas de esos sectores, y del 50% en actividades consideradas de “importancia trascendental”.

La novedad es el amplísimo alcance de esta nueva categorización. A los servicios sanitarios, de transporte, energía y telecomunicaciones ya incluidos por normativa anterior, ahora se suman otros rubros como:

• Producción y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios
• Servicios aduaneros y migratorios
• Educación en todos los niveles
• Actividad portuaria, marítima y fluvial
• Servicios logísticos, aeroportuarios, agropecuarios, financieros y hoteleros
• Producción industrial (alimentos, cemento, aluminio, siderurgia, minería, etc.)
• Comercio electrónico y medios de comunicación
• Actividades con compromisos de exportación

Además, el Poder Ejecutivo se reserva la facultad de ampliar discrecionalmente el listado si considera que la huelga puede afectar “las metas de recaudación fiscal”, entre otros criterios.

Con esta medida, Milei y su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, buscan blindar al Estado y a las empresas frente a conflictos gremiales, dejando sin efecto el principal instrumento de presión sindical: el paro total.

Desde los gremios aún no hubo respuesta oficial, pero en reservados encuentros ya anticipan que se tratará de un nuevo frente judicial y político para el Gobierno. El derecho a huelga tiene protección constitucional y su limitación de forma generalizada podría ser cuestionada en los tribunales.

Con esta jugada, el oficialismo retoma la agenda laboral que había quedado trunca tras los reveses en la Justicia con el DNU 70. Esta vez, optó por ocultarla en un decreto de otra materia para evitar el rechazo anticipado.