Importante hackeo suma ruido al Censo 2022

A tres semanas de su realización, el Censo Nacional se encuentra envuelto en un verdadero escándalo a partir de la imposibilidad de muchas familias para acceder al formulario por un posible hackeo. Esto se suma a la polémica en torno a la licitación por $4300 millones, que terminó en manos de una firma cercana al titular del Indec, Marco Lavagna, y una fuerte denuncia de la empresa que perdió la compulsa.

Según trascendió, las alertas se encendieron cuando muchas personas se encontraron con que no podían acceder a los formularios para el Censo Nacional 2022, que luego validarían con una visita personal del censista mediante un código QR, porque –en muchos casos– la página web del Indec daba por registrados los datos que en ese momento debían completar.

Esto se habría debido a un importante hackeo a la base de datos del censo, por el cual el director de Informática del organismo debió volver de urgencia a Buenos Aires de un viaje a la provincia de Córdoba y otros dos directivos, Gabriel Serralta (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) y Patricia Gallino (Proyectos de Desarrollo y Transformación Tecnológica), encabezaron intensas reuniones.

También hay quienes mencionan como parte de las frenéticas reuniones a la directora nacional de Estadísticas Sociales y de Población, Gladys Massé, quien hace dos décadas recibió críticas por su labor en el Censo 2001.

Entre los profesionales del Indec, el hackeo ya es vox pópuli. Pero en el organismo buscan bajarle el tono, para evitar un informe ante el Congreso a poco más de dos semanas de la realización del censo.

La licitación

Este caso se suma a las irregularidades en torno a la adjudicación del censo, confirmada el 24 de diciembre pasado con la publicación en el Boletín Oficial de la Decisión Administrativa 1256/21 de la Jefatura de Gabinete, llamativamente corregida el 1º de febrero mediante otra Decisión Administrativa –la 89/2022–, que le permitió a la adjudicataria, Kollor Press, conformar una unión transitoria para compartir con la firma Modoc el negocio de "impresión de cuestionarios censales, kits para censistas; captura, identificación de marcas y caracteres alfanuméricos y entrega de base de datos para ser procesadas", por el cual el Estado pagará $4363 millones.

Todo esto generó las quejas de Boldt, que antes de que se oficializara el ganador ya lo había impugnado por entender que la unión transitoria no fue conformada por empresas con los antecedentes necesarios y porque los $4300 millones serán usados luego para pedir una redeterminación de precios, debido a que el precio real del servicio se estima en torno a los $6000 millones.

La empresa de Antonio Tabanelli llevó el tema al terreno judicial, pero eso no es todo: en poder de Boldt también estaría el nombre del intermediario que actuó en favor de Kollor Press y Modoc, y también qué y cuánto habría pedido este a cambio de la gestión. La clave estaría en un operador del lavagnismo con oficina en la calle Bouchard. De confirmarse esto antes del 18 de mayo, el Censo terminaría en una vergonzosa suspensión.