El juez federal Ernesto Kreplak lo consideró coautor por adulteración de sustancias medicinales, dictó su prisión preventiva y avanzó contra otros 13 directivos de HLB Pharma y Ramallo.
Política25 de septiembre de 2025
Sección País
El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak procesó a Ariel García Furfaro —dueño de HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo— por adulteración de sustancias medicinales, con resultado de muerte, y le trabó un embargo por $1.000.000.000.000. La resolución incluyó la prisión preventiva de García Furfaro y de parte de su cúpula, y alcanzó en total a 14 imputados; otros dos quedaron con falta de mérito y continúan bajo investigación.
Según el fallo, el caso estuvo vinculado a “124 pacientes fallecidos con posible asociación al brote por administración de fentanilo contaminado”. La resolución describió incumplimientos sistemáticos de Buenas Prácticas de Fabricación, simulación de controles y registros “ex post facto”, y valoró riesgo procesal por ocultamiento de pruebas y movimientos patrimoniales. infobae
Además del embargo a García Furfaro, el juez impuso medidas millonarias a otros directivos (entre ellos Diego García, Nilda Furfaro, Javier Tchukrán, José Maiorano y Carolina Ansaldi), dispuso la inhibición general de bienes y prohibió la salida del país para todos los imputados.
El expediente avanzó tras las clausuras y prohibiciones dictadas por la ANMAT sobre el fentanilo de HLB y la documentación sanitaria recolectada desde mayo, cuando se confirmó la contaminación bacteriana en ampollas y se inició el retiro nacional.
Entre los fundamentos, Kreplak señaló que la política empresarial y los desvíos de control permitieron la liberación de lotes en mal estado que derivaron en muertes y que, de haberse cumplido las normas, “se habrían evitado”. La expectativa de pena informada en la resolución, en caso de condena, fue de 10 a 25 años de prisión.
La causa seguirá con prueba en curso sobre quienes quedaron con falta de mérito y con análisis de responsabilidades en cada eslabón de producción y control de calidad.
El dirigente del PRO formalizó su dimisión como diputado y arrancó agenda de gestión: reunión con “Lule” y Martín Menem, y primeras citas con los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca). Asumirá en reemplazo de Lisandro Catalán.
La comisión investigadora, que preside Maximiliano Ferraro, presentará un recurso extraordinario contra el fallo que impidió conducir por la fuerza a la secretaria General de la Presidencia y a otros funcionarios. El 18 de noviembre emitirá dictámenes sobre eventuales responsabilidades políticas.
Juan Martín de la Serna reclamó un “marco regulatorio igual para todos” y advirtió que la apertura sin control “desequilibra el campo de juego” y pone en riesgo empleo e industria local.
El gobernador reclamó al Congreso una norma que habilite derribar aeronaves ilegales y un plan integral de radares en la frontera norte. Hubo dos detenidos y el secuestro de 364 kilos de cocaína en Rosario de la Frontera.
Tras una audiencia en Sala II, la defensa de Diego Spagnuolo aseguró que los audios sobre presuntos sobornos son “falsos” o “generados con inteligencia artificial”; el fiscal Franco Picardi defendió la validez de lo actuado y el expediente sigue bajo secreto.
El jefe de Gabinete, Juan Luna Corzo, anunció que el pedido alcanza a ministros, secretarios, subsecretarios, organismos descentralizados y directorios de empresas estatales. La movida busca “disponibilidad” para rearmar el Ejecutivo en la próxima etapa, en medio de la tensión con la Casa Rosada.
Energía fijó por resolución 434/2025 nuevos precios mayoristas para noviembre–abril: hogares abonarán entre $56.054 y $58.281 por MWh y comercios/industrias entre $47.310 y $51.633. En el AMBA, las facturas residenciales subirán 3,5–4%; en no residenciales habrá alzas de hasta 2,2% o bajas de hasta 10,3%. En invierno, la relación se invierte.
