El juez Martínez de Giorgi frenó a Diputados en el caso $LIBRA y alivió a la Casa Rosada

En su primera resolución relevante desde que absorbió la causa, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi desestimó el requerimiento de la comisión legislativa que investiga el caso $LIBRA para ordenar el comparendo por la fuerza pública de cuatro funcionarios que se ausentaron a sucesivas citaciones. El magistrado sostuvo que su juzgado “carece de competencia” para ejecutar un pedido de esa naturaleza proveniente del Poder Legislativo y consideró “constitucionalmente inadmisible” que una comisión pretenda ensanchar sus facultades mediante “normas reglamentarias” en lugar de una ley formal.

El fallo —de 24 carillas— favorece en concreto al titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik; al de la Unidad de Información Financiera, Paulo Starc; a la jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, María Florencia Zicavo; y al presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Emiliano Silva. Todos habían faltado a llamados previos del Congreso. La definición también opera como un balón de oxígeno para la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien tampoco concurrió a declarar ante la comisión en dos oportunidades.

Más allá de la cuestión de competencia, Martínez de Giorgi marcó posición de fondo: alertó que forzar testimonios de funcionarios ante una comisión podría lesionar la garantía de no declarar contra sí mismos y significar un “arrogamiento de facultades privativas del Poder Judicial”, en contravención con los principios de legalidad y juez natural. En ese sentido, remarcó que las “atribuciones implícitas” del Congreso previstas en el último inciso del artículo 75 de la Constitución no habilitan ese tipo de medidas coactivas.

La comisión que preside el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) evalúa ahora los pasos a seguir: una eventual apelación ante la Cámara Federal y, en paralelo, un informe político sobre el desacato de los citados. En Casa Rosada, en cambio, leyeron la resolución como un freno a lo que describen como una escalada de “hostigamiento” parlamentario.

El caso $LIBRA quedó bajo la órbita de Martínez de Giorgi —con la intervención del fiscal Eduardo Taiano— después de un derrotero de competencia: primero la jueza María Servini desplazó a su par de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado; meses después, de manera sorpresiva, Servini declinó la causa en favor de su colega de Comodoro Py. La investigación apunta a establecer qué ocurrió antes, durante y después del 14 de febrero, cuando el presidente Javier Milei impulsó en X el lanzamiento de la memecoin $LIBRA, y si existieron conductas ilícitas ligadas a manipulación, uso de información o beneficios indebidos.

Con el portazo judicial a la vía coercitiva del Congreso, el tablero político-judicial queda reordenado: la comisión deberá insistir por carriles políticos y la Justicia continuará su expediente sin funcionarios llevados a empujones al Palacio. Para el oficialismo, en plena campaña y con la oposición presionando por explicaciones, es una resolución que baja la temperatura y le gana tiempo. Para la oposición, un nuevo motivo para subir el costo político en el recinto.