En la Casa Rosada analizan tratar del 10 al 31 de diciembre el Presupuesto 2026 y el proyecto de “presunción de inocencia fiscal”, y dejar para febrero las reformas laboral, tributaria, previsional y penal. Gobernadores mineros piden cambios en la Ley de Glaciares.
Política11 de noviembre de 2025
Sección País
El Ejecutivo estudia un esquema en dos tramos para las sesiones extraordinarias. Según fuentes oficiales, el primer bloque —del 10 al 31 de diciembre— concentraría el Presupuesto 2026 y el plan presentado como “Reparación Histórica de los ahorros”, que busca facilitar el reingreso de dólares no declarados mediante un régimen de presunción de inocencia fiscal y blindar la versión simplificada de Ganancias.
Aunque el presidente de Diputados, Martín Menem, explora mantener actividad en enero, en la Casa Rosada admiten que ese mes podría quedar en pausa y retomar del 1º al 28 de febrero con el paquete de “segunda generación”: cambios tributarios, modernización laboral, eventuales ajustes previsionales y un capítulo penal trabajado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, con foco en narcotráfico y corrupción.
En paralelo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, recogen pedidos de los gobernadores. Entre los más inmediatos figura la reglamentación de la Ley de Glaciares para ampliar áreas de explotación y que las provincias sean autoridad de aplicación, planteo que encabeza San Juan y al que adhieren Catamarca, Salta, Jujuy y Santa Cruz.
Con el recambio legislativo, La Libertad Avanza confía en mejorar su número para el Presupuesto, pero el resto del temario dependerá de acuerdos con bloques dialoguistas y del pulso con las provincias por artículos fiscales y compensaciones. A la espera del decreto de convocatoria, Menem y la senadora electa Patricia Bullrich ya coordinan la grilla de diciembre y sondeos para una sesión intensa en febrero.
La cautelar, firmada por el subrogante Lucas Taboada, impide a CCC y a sus trabajadores difundir contenidos que “injurien o desacrediten” a miembros del Poder Judicial provincial. Organizaciones de prensa y DD.HH. hablan de “censura previa” y anuncian impugnaciones.
Con el Decreto 787/2025, el Ejecutivo derogó el régimen vigente desde 1993 que obligaba a informar anticipadamente matrícula y cuotas y a contar con aval estatal. Argumentan que, tras la transferencia educativa a las provincias, la regulación nacional encarecía y rigidizaba el sistema.
Apunta a graduados universitarios con perfil para investigar crimen organizado. Habrá nueve meses de formación intensiva y egreso con el grado de Subinspector, informó el Ministerio de Seguridad.
En su primera entrevista tras meses de silencio, el expresidente se refirió a la causa por violencia de género que enfrenta. Dijo que entregó el teléfono a la Justicia y que no hay chats que lo incriminen.
Apadrinado por Santiago Caputo, el secretario de Inteligencia recalcula su alineamiento en medio del reordenamiento pos-electoral. El “karinismo” avanza sobre la cobertura de 347 vacantes judiciales y procura retener el timón de Justicia al menos hasta febrero.
El economista planteó gravar retiros de dinero para reemplazar el Impuesto al Cheque e incentivar pagos digitales, lo cual fue desestimado por el Presidente. El viceministro de Economía, José Luis Daza, advirtió que la idea “desestabiliza” al sistema y castiga a los más pobres.
Tras imponerse en 15 distritos en las elecciones de octubre, el oficialismo acelera la construcción territorial. Bullrich y Santilli asoman para CABA y Buenos Aires; Karina Milei conduce el despliegue y cruza la tensión con el PRO. Caputo, más proclive a pactar con gobernadores.
