El Ejecutivo calificó a la norma actual de 2010 como un obstáculo para el desarrollo. La modificación apunta a redefinir las zonas periglaciares para habilitar proyectos de cobre y litio por US$35.000 millones, otorgando mayor poder a las provincias.
Economía y negocios15 de diciembre de 2025
Sección País
El Gobierno nacional oficializó este lunes por la noche el envío al Congreso del proyecto para modificar la Ley de Protección de Glaciares, una de las iniciativas más sensibles de su agenda de desregulación económica. A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, el Ejecutivo argumentó que la norma vigente desde 2010 presenta "graves falencias" y que, bajo "pretextos ideológicos, se obstaculizó el desarrollo del país".
La iniciativa, que ingresa en el marco de las sesiones extraordinarias, busca reformar la Ley de Presupuestos Mínimos N° 26.639. El objetivo central de la administración de Javier Milei es "ordenar el marco normativo" para habilitar el desembarco de inversiones millonarias, fundamentalmente en el sector de la minería, que hoy se encuentran frenadas por las restricciones ambientales en zonas de alta montaña.
"Esta reforma propone reglas claras: protege los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva, fortalece los estándares ambientales vigentes y elimina la discrecionalidad", sostiene el texto oficial. El punto clave de la modificación radica en la redefinición técnica de lo que se considera ambiente "periglacial", área donde hoy está prohibida la exploración y explotación minera (artículo 6).
El factor económico y el federalismo
El proyecto tiene un fuerte componente económico: busca destrabar proyectos de cobre que, según la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), podrían significar inversiones por US$35.000 millones. Roberto Cacciola, titular de la entidad, explicó que "el 75% de la superficie de los proyectos de cobre anunciados necesitan una aclaratoria de la ley", ya que se ubican en zonas hoy vedadas, y confirmó que la mayoría ya solicitó ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Políticamente, la reforma se apoya en un reclamo de "federalismo ambiental". El Gobierno asegura que reafirma el artículo 124 de la Constitución, que reconoce a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales. La letra del proyecto fue impulsada originalmente por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y consensuada con los mandatarios de la Mesa del Cobre (San Juan) y la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta). Llamativamente, el comunicado oficial no menciona a las provincias patagónicas, donde se concentran las mayores masas de hielo del país.
La resistencia ambiental
La avanzada oficial ya generó el rechazo de más de 25 organizaciones ambientales de todo el país. Advierten que modificar la ley implicará habilitar la minería de gran escala en zonas críticas, con un alto impacto ambiental y el riesgo latente de la pérdida de reservas de agua dulce.
El Gobierno, sin embargo, insiste en que el nuevo esquema permitirá "fortalecer el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental", alineándose con la política de "liberación de las fuerzas productivas" que pregona la Casa Rosada.
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