Sección País
El Gobierno nacional formalizó este viernes la entrada en vigencia del Presupuesto para la Administración Pública Nacional 2026. A través de la publicación en el Boletín Oficial de la Ley 27.798, el Ejecutivo puso en marcha la hoja de ruta económica de la gestión de Javier Milei, que mantiene como columna vertebral el superávit fiscal y el equilibrio de las cuentas públicas.
El texto, aprobado durante las sesiones extraordinarias del Congreso, estima un excedente financiero de $2.734.029 millones para el Sector Público Nacional. La ecuación se basa en un cálculo de recursos totales por $148,29 billones frente a gastos autorizados de $148,06 billones. La normativa ratifica la regla fiscal del oficialismo: si los ingresos son mayores a lo proyectado, el excedente se destinará a la baja de impuestos; en cambio, si la recaudación es menor, se ejecutarán recortes automáticos de partidas para no comprometer el equilibrio.
El reparto de los fondos
En cuanto a la distribución del gasto, la partida de Servicios Sociales concentra el grueso de los recursos, con $106,52 billones. Le siguen el pago de la deuda pública ($14,11 billones), los Servicios Económicos ($11,45 billones) y la Administración Gubernamental ($8,85 billones). Por su parte, Defensa y Seguridad recibirán $7,11 billones.
Un punto sensible es el financiamiento universitario. La ley asigna $4,78 billones para el funcionamiento de las casas de estudio, pero incluye una cláusula de control: las instituciones deberán rendir cuentas sobre el uso de los fondos ante la Secretaría de Educación. En caso de incumplimiento en la presentación de la información, el Gobierno queda habilitado a interrumpir las transferencias.
Jubilaciones y empleo público
En materia previsional, el Presupuesto destina más de $212.000 millones para el pago de sentencias judiciales y deudas administrativas de la ANSES, además de $122.762 millones para asistir a las cajas provinciales no transferidas. Finalmente, la norma congela el ingreso de personal al Estado: impone restricciones severas a la cobertura de vacantes, exigiendo para cualquier nuevo nombramiento la autorización expresa de la Jefatura de Gabinete.
