Sección País
El tablero político vuelve a reconfigurarse y la agenda del oficialismo empieza a mostrar sus verdaderas cartas. Lejos de la pirotecnia mediática que suele rodear a la reforma laboral, la mesa chica de la Casa Rosada definió en las últimas horas una hoja de ruta que altera por completo las prioridades del debate público. Según la información revelada por el periodista Pedro Lacour en el programa Malas Compañías, el Gobierno tiene en la mira una jugada legislativa mucho más ambiciosa y de altísimo impacto económico: la flexibilización de la Ley de Glaciares.
El hermetismo es total. Tras una cumbre política celebrada en Balcarce 50 que dejó apenas una "foto de rigor" y un silencio sepulcral ante la prensa, las verdaderas intenciones del oficialismo comenzaron a filtrarse en los pasillos del Palacio Legislativo. La orden que bajó desde la cúpula del Ejecutivo es aprovechar hasta el último minuto de la prórroga de las sesiones extraordinarias, que se extienden hasta el próximo 28 de febrero, para forzar un debate que promete máxima tensión en el recinto.
La agenda marca que el Senado será el escenario principal de una contienda que definirá el rumbo extractivista del país. Tras la sesión preparatoria pautada para el 24 de febrero, los legisladores deberán enfrentarse el jueves al tratamiento de una reforma que, puertas adentro del Gobierno, es calificada como "incluso más importante que la reforma laboral".
El objetivo de la Casa Rosada es modificar los límites que impone la actual normativa sobre protección de glaciares y el ambiente periglacial. La lectura en el despacho presidencial es puramente pragmática: ven en esta reforma la llave maestra para que la minería se expanda de manera rápida y sin las trabas jurisdiccionales actuales. Se trata de un mensaje directo a las inversiones extranjeras y un guiño a un sector sediento de habilitaciones en zonas que, hasta hoy, se encuentran estrictamente vedadas.
Pero la audacia de los estrategas libertarios no se limita al avance sobre el terreno minero. El otro dato que sacude el escenario político es la tajante determinación de archivar la reforma previsional. A pesar de las exigencias técnicas para ajustar las cuentas del sistema jubilatorio, el Gobierno decidió que ese costo político no se pagará en este mandato.
"Nosotros en el mandato siguiente, porque vamos a ser reelectos por supuesto, vamos a proponer recién ahí la reforma previsional", aseguran en las entrañas del Ejecutivo, destilando un nivel de confianza que descoloca a la oposición. La estrategia es clara: evitar a toda costa el desgaste en las calles que históricamente provocan los recortes a los jubilados, apostar el capital político a la recuperación económica y dejar la poda previsional para una eventual segunda gestión.
En reemplazo de este debate, el oficialismo pondrá toda su maquinaria legislativa al servicio de una reforma tributaria, considerada hoy como la verdadera urgencia a corto plazo para oxigenar las cuentas del Estado y responder al reclamo del sector privado.
Mientras la política tradicional todavía digiere el nuevo mapa de poder, el oficialismo demuestra que no está dispuesto a frenar su ritmo. La sesión de este jueves no será un mero trámite parlamentario. Será el termómetro exacto para medir si la Casa Rosada cuenta con la muñeca política necesaria para imponer una ley que cambiará para siempre el mapa productivo de la Argentina. La rosca recién empieza, y las próximas horas serán determinantes para medir el verdadero poder de fuego del Gobierno en el Senado.
