Sección País
La escalada de tensión entre el Gobierno nacional y la provincia de La Rioja abandonó el terreno de la dialéctica política para desembarcar en los pasillos de Comodoro Py. El fiscal federal Carlos Stornelli formalizó una denuncia penal contra el gobernador Ricardo Quintela, acusándolo de la presunta comisión de delitos de acción pública. El escrito judicial, que ya se encuentra en manos del juzgado de turno, pone el foco en las manifestaciones del mandatario riojano donde vaticinó que la gestión de Javier Milei no debería llegar a término en 2027.
La presentación de Stornelli se fundamenta en la gravedad institucional que reviste el hecho de que un funcionario público de alta jerarquía, como lo es un gobernador, exteriorice discursos que, a criterio de la fiscalía, podrían encuadrar en figuras penales vinculadas a la incitación a la violencia colectiva y la instigación a cometer delitos.
El eje central de la denuncia son las declaraciones que Quintela vertió el pasado 23 de febrero en el programa "Mañana Sylvestre", emitido por Radio 10. Durante esa entrevista, el gobernador realizó una comparación explícita entre la situación actual y los trágicos sucesos de diciembre de 2001, evocando la necesidad de adoptar "fuertes decisiones".
En el documento judicial se resalta un fragmento particularmente sensible de la desgrabación: “Acordate, digo, en el año 2001 tomamos decisiones y avanzamos en la reconstrucción de un país que estaba destruido... Sí, tuvimos 39 ciudadanos argentinos muertos, es cierto, es cierto, pero hay sacrificios que valen la pena”. Para el fiscal, estas expresiones no pueden ser leídas como una simple opinión política, sino como una eventual apología del crimen y una reivindicación de la violencia como herramienta de cambio institucional.
Asimismo, la denuncia hace hincapié en la frase de Quintela respecto a que “este gobierno no puede llegar hasta el 10 de diciembre del 2027”. Bajo una mirada jurídica sobria, Stornelli advierte que este tipo de planteos, difundidos a través de medios de comunicación de alcance masivo, representan una amenaza de sedición, ya que sugieren la interrupción de un mandato constitucional de manera prematura y por vías no institucionales.
El fiscal Stornelli solicitó que se investigue a Quintela bajo una batería de artículos del Código Penal de la Nación que protegen el orden público y la paz social. En términos llanos, la justicia deberá determinar si el gobernador traspasó la barrera de la libertad de expresión para entrar en el terreno de la criminalidad. Las figuras legales sugeridas en el escrito son:
Instigación a cometer delitos (Art. 209): Se castiga a quien incite públicamente a la comisión de un delito determinado contra una persona o institución.
Intimidación pública (Art. 211): Penado para quienes busquen infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes.
Incitación a la violencia colectiva (Art. 212): Una figura que busca prevenir que líderes de opinión o funcionarios movilicen a sectores de la sociedad hacia el enfrentamiento civil.
Apología del crimen (Art. 213): Referido a la ponderación o defensa de un hecho delictivo ya cometido, en este caso, vinculado a las menciones sobre las muertes del 2001 como un "sacrificio" justificable.
Amenaza de sedición (Art. 226 bis): Un delito técnico de extrema gravedad que apunta a quienes amenacen públicamente con alzarse en armas o mediante la fuerza para deponer a alguno de los poderes públicos del Gobierno nacional.
Como parte de la instrucción sumarial, el fiscal solicitó medidas urgentes. Esto incluye la incorporación formal de los registros audiovisuales de la entrevista y de los recortes que circularon en redes sociales, los cuales actuaron como amplificadores del mensaje.
El paso siguiente, una vez que el juez a cargo evalúe la solidez de la denuncia, sería el llamado a declaración indagatoria de Ricardo Quintela. En este acto procesal, el gobernador tendrá la oportunidad de defenderse y explicar el alcance de sus dichos ante la Justicia Federal. Políticamente, este movimiento de la fiscalía profundiza el aislamiento del riojano frente al Poder Ejecutivo nacional, que ya lo tiene en la mira tras los feroces cruces con figuras como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
La denuncia de Stornelli actúa como un ancla institucional en un escenario de altísima volatilidad. Al encuadrar los dichos del gobernador dentro de un posible plan de desestabilización, la Justicia Federal le quita el velo de "rosca política" al conflicto para tratarlo como un expediente que, de prosperar, podría tener consecuencias penales directas para el mandatario de La Rioja. En definitiva, el fiscal busca deslindar responsabilidades sobre si las palabras de Quintela fueron un exabrupto en el fragor de la disputa o si forman parte de un mensaje deliberadamente orientado a horadar el orden constitucional vigente.
