Sección País
En lo que representa un giro copernicano para el sistema de justicia argentino, el Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto que reduce la edad punible en el país. Con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, la Cámara alta blindó la iniciativa que ya contaba con el aval de Diputados, dejando el terreno listo para su reglamentación y publicación oficial. La sanción fue vivida como un triunfo personal por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien siguió de cerca el debate y celebró el fin de lo que denominó una "indefensión total" de las víctimas.
La jornada no ahorró dramatismo. Al cierre del debate, la funcionaria —quien defendió la norma como una cuestión moral y jurídica— lanzó una frase que marcó el pulso de la victoria oficialista: “El Estado no va a seguir mirando para otro lado. No importa la edad de los delincuentes, importa el delito”. Para la ministra, el modelo anterior estaba agotado y solo servía para que la ley perdiera autoridad frente a las familias que "enterraban a sus hijos".
En un movimiento que descolocó a la bancada opositora, se solicitó un minuto de silencio por las víctimas de delitos cometidos por menores, logrando que todo el bloque oficialista y sus aliados se pusieran de pie ante la mirada atónita del peronismo y la aclaración técnica de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien advirtió que no podía obligar a tal acción. “Hoy votamos contra los kirchneristas de batallón militante. Estamos cambiando la historia”, sentenció la líder de la cartera de Seguridad.
Uno de los puntos más álgidos de la "rosca" parlamentaria fue el financiamiento del nuevo sistema. El peronismo, liderado en esta crítica por el chaqueño Jorge Capitanich, denunció que los fondos previstos son una burla frente a las necesidades de infraestructura. Según la norma, se destinarán $23.700 millones para las provincias, una cifra que, cruzada con los costos actuales del Servicio Penitenciario Federal, apenas alcanzaría para construir unos 308 metros cuadrados por distrito.
“Si no contamos con el presupuesto necesario, estas leyes quedan en letra muerta y constituyen una frustración colectiva”, disparó Capitanich. La respuesta no tardó en llegar con la virulencia característica de Luis Juez, ahora alineado con La Libertad Avanza, quien tildó a la oposición de “mentirosa e ignorante”. El cordobés instó a las provincias a "poner la plata" en lugar de gastarla en publicidad, asegurando que los familiares de las víctimas buscan justicia y no venganza.
Para el lector que intenta desmenuzar la jerga legislativa, la nueva ley implica la creación de un Sistema Penal Juvenil Especializado para adolescentes de entre 14 y 18 años. A diferencia del sistema de adultos, este régimen promete —al menos en los papeles— una presunción favorable a la minoría de edad y prohíbe terminantemente que los menores compartan ámbitos de detención o tribunales con mayores de edad.
Entre los puntos centrales del articulado se destacan:
Sanciones progresivas: Se priorizarán medidas educativas, tareas comunitarias y monitoreo electrónico por sobre la cárcel.
Privación de libertad extrema: Solo se aplicará en delitos graves y con una separación permanente de los adultos.
Rol de la víctima: Los damnificados tendrán asistencia jurídica y psicológica gratuita, y podrán oponerse a decisiones de los fiscales.
Especialización obligatoria: Jueces, fiscales y defensores deberán formarse específicamente en materia penal juvenil.
Pese a la derrota numérica, el kirchnerismo dejó asentada una dura advertencia judicial. El senador Martín Soria calificó el proyecto como “peor que el decreto de Videla”, argumentando que viola el principio de culpabilidad disminuida. En la misma línea, el santiagueño Gerardo Zamora realizó un desglose técnico para señalar que varios artículos chocan de frente con la Constitución, lo que augura una alta litigiosidad en el futuro inmediato.
Por su parte, la catamarqueña Lucía Corpacci lamentó lo que consideró un uso político de las gradas —donde el oficialismo permitió la presencia de familiares de víctimas pese a un acuerdo previo de no hacerlo— y pidió actuar con “racionalidad y humanidad”. “Esta ley no es la solución de nada”, advirtió la senadora, poniendo en duda que el endurecimiento punitivo logre reducir los índices de criminalidad.
Con la sanción definitiva, el Gobierno se anota un punto clave en su agenda de "orden", aunque la verdadera batalla comenzará en las provincias, donde la falta de infraestructura y los planteos de inconstitucionalidad prometen judicializar cada paso de la nueva normativa.
