Los movimientos sociales alineados con el Gobierno se sumaron a la cruzada de Alberto Fernández contra la eliminación de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), promovida por los gobernadores y sectores del kirchnerismo que responden a la vicepresidenta Cristina Kirchner, y recorren el país para lanzar su partido político de cara las elecciones de 2023.
Esta alianza se da en un contexto donde el presidente y las organizaciones necesitan de las PASO para poder colar candidatos en la boleta del Frente de Todos.
La primera en manifestarse fue la diputada Natalia Souto, que pertenece a Barrios de Pie y publicó un comunicado en rechazo a la eliminación de las primarias. En tanto, el último sábado las organizaciones comenzaron a realizar “Cabildos Abiertos” para delinear sus políticas partidarias con la intención de plantear una agenda vinculada a la economía popular en 2023.
“El partido político que estamos formando formará parte del Frente de Todos, pero sin apoyo explícito a ninguna de las vertientes internas”, afirman desde el espacio que nuclea al Movimiento Evita, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, el Partido Solidario, la agrupación 22 de Agosto, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, OLP, MP La Resistencia, Pueblo Unido, Patria Nueva, la Corriente Nuestra Patria y Los Pibes y Octubres.
Dato no menor: este grupo suma cinco diputados nacionales que podrían complicar la eliminación de las PASO, pues para ello se necesitan 129 votos y el bloque oficialista cuenta con 118 legisladores.
Está previstas nueva asambleas en Salta, Neuquén, Mendoza y distritos del conurbano bonaerense donde pretenden disputarle el poder a intendentes como Fernando Espinoza, de La Matanza, donde el dirigente Emilio Pérsico alienta la candidatura de su esposa, Patricia Cubría. Otro distrito de interés para estas organizaciones es Lanús. Allí gobierna el macrista Néstor Grindetti desde 2015, quien ya eligió a su jefe de Gabinete para sucederlo.
El tribunal convocó a audiencia para resolver el pedido de La Libertad Avanza, que pretende subir a Santilli al primer lugar en la lista de diputados nacionales. El Gobierno anticipó que apelará si la decisión le es desfavorable.
El conferencista y conductor de TV aclaró que es “financieramente estable” y que no lo moverían “ni el cobre ni el bronce”. Llamó a “armar una coalición de honestos” y a “dejar de mirar y criticar”.
Tras la suba del dólar y el revés bonaerense de septiembre, volvió a circular con fuerza la versión de un plan para dolarizar. Un alto funcionario libertario afirmó que Milei “es quien más la quiere”, pero admitió que hoy “no es el momento”. Mientras, Luis Caputo negocia en Washington.
La Cámara baja aprobó un proyecto de Marcela Pagano (Desarrollo y Coherencia) que cuestiona la suspensión de la ley de emergencia en Discapacidad dispuesta por el Ejecutivo: 119 votos a favor, 67 en contra y 8 abstenciones.
La Cámara baja avaló durante la madrugada, a mano alzada, una citación para el miércoles 15 de octubre.
Las diputadas volvieron a enfrentarse en el recinto en medio de la sesión que trató el límite al uso de DNU y el pedido del juez Mirabelli sobre José Luis Espert. Hubo filmaciones con celular, gritos y carteles; Cecilia Moreau debió pedir orden para continuar el debate.
El candidato de Ciudadanos Unidos cuestionó las ausencias en “A Dos Voces”, exigió que el libertario debata sobre economía y el caso Espert, y acusó al Gobierno de “escándalos en serie”.
El ministro de Economía y el secretario del Tesoro acordaron en Washington un paquete financiero sin precedentes que la Casa Blanca planea presentar el 14 de octubre, durante la reunión Milei–Trump: swap por USD 20.000 millones vía ESF, uso de DEG, refuerzo de reservas y una licitación para comprar bonos.
La primera en la lista bonaerense de LLA quedó bajo fuego por viejos posteos: habló de “negros”, “villeros” y “planeros”, defendió estigmas de natalidad y propuso un “muro de Berlín” para separar votantes; en el oficialismo piden que modere su exposición.
El Tesoro que encabeza Scott Bessent vendió dólares para comprar pesos en la plaza local y confirmó un swap por USD 20.000 millones con el BCRA. La jugada —canalizada por bancos como Santander— busca aportar liquidez, respaldar las bandas cambiarias y se inscribe en el plan de asistencia de la administración Trump al gobierno de Javier Milei.
