A la colaboración del sindicato camionero para el control del programa Precios Justos, que despertó una fuerte polémica en la oposición y el empresariado, el Gobierno sumó ahora a los movimientos sociales afines que durante la segunda quincena de enero se sometieron a una serie de capacitaciones barriales para interiorizarse sobre el uso de la aplicación que se utiliza para el monitoreo de los precios.

Se trata, en principio, de la agrupación Somos Barrios de Pie, liderada por Daniel Menéndez, con fuerte presencia en el territorio -en especial en el Gran Buenos Aires-, que además trabaja como subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social.

Según trascendió, la cúpula de la organización piquetera había tenido una primera reunión con el ministro de Economía, Sergio Massa, después del lanzamiento del programa, a mediados de noviembre, que contempla el congelamiento de los precios de casi 1.800 productos de la canasta básica entre diciembre y marzo, tras un acuerdo alcanzado con más de 100 empresas en unos 2.500 puntos de venta de todo el país.

Después de Massa, hubo un segundo encuentro con Matías Tombolini, secretario de Comercio. Allí se planificó una serie de capacitaciones que se llevaron a cabo en la segunda quincena de diciembre para interiorizar a los integrantes de la agrupación en el manejo de la aplicación que sirve para escanear los productos, saber si están contemplados en el programa y, en todo caso, denunciar abusos.

"Nos pusimos a disposición. Hay un desfasaje en los precios en los barrios populares. La idea es difundir la aplicación", explicaron desde Somos Barrios de Pie. Según resaltaron, habrá una mayor actividad de la organización en las próximas semanas, a partir de los últimos días de enero y desde febrero.

De hecho, según trascendió, se había avanzado en la firma de un convenio en un acto protocolar entre la agrupación y las autoridades del Ministerio de Economía que al final no se hizo por "problemas de agenda".

La incorporación de los movimientos sociales a la auditoría del programa Precios Justos que Massa anunció en noviembre como la resolución de "uno de los problemas de la inflación" llega en plena polémica por la labor del sindicato camionero, controlado por la familia Moyano, en la fiscalización de los artículos de la canasta básica.

La tarea quedó en cabeza de Oscar Borda, que maneja la rama de Logística del gremio, un área clave en el reparto de los productos. La participación de Camioneros fue justificada por Tombolini.

"Junto a Pablo Moyano sumamos la colaboración de @cgt_camioneros para que los trabajadores de la rama logística del gremio aporten en la verificación del cumplimiento", resumió el funcionario después de reunirse con el secretario de la CGT y de denunciar a algunas de las grandes cadenas de supermercados por "faltantes de stock por posibles desvíos de productos". Por eso el involucramiento de Borda, un gremialista de confianza de los Moyano.

Tombolini, sin embargo, remarcó que el control seguirá en manos del Estado: "Es una facultad indelegable", escribió en Twitter.

Las cámaras de la industria y el comercio salieron a rechazar la iniciativa. "El poder de turno no puede armar milicias para que los ayuden en los controles", plantearon.

Además de Camioneros y de Barrios de Pie, en las últimas horas había trascendido la posibilidad de que ATE, el gremio que nuclea a los trabajadores del Estado, también se plegara a la iniciativa. Consultado por Clarín, Hugo "Cachorro" Godoy, secretario general del sindicato, aseguró que aún no habían "recibido ninguna invitación".

Lo mismo respondieron desde ATE Capital, liderada por Daniel Catalano.

En el caso del Movimiento Evita, que encabezan Emilio Pérsico y Fernando "El Chino" Navarro, también se mostraron por ahora expectantes. Remarcaron que el rol de Camioneros se explica por el "volumen" de la mercadería de los principales supermercados y el peso del gremio en esos lugares.