La Cámara Federal porteña ordenó que la causa que investiga el viaje de un grupo de jueces, funcionarios porteños y empresarios a Lago Escondido sea tramitada en los tribunales federales de Comodoro Py y no en Bariloche.

Por qué importa. Se trata de un duro revés para el Gobierno, que había impulsado una denuncia contra los viajeros por el presunto delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas”. Sobre todo porque el fallo fue firmado por el juez Eduardo Farah, quien fue restituido a la Cámara Federal por el propio Alberto Fernández en febrero de 2021.

Contexto. El fallo de Farah llegó tras un pedido de la defensa del juez en lo Penal Económico Pablo Yaradorola, uno de los investigados. La Fiscalía se había pronunciado en el mismo sentido.

• “Se sabe -sin debate o duda al respecto- que (i) todos los agentes públicos que se mencionaron ejercen sus funciones en el ámbito de esta ciudad; (ii) todos los asuntos que -se dijeron- conectados a los hechos, se sustanciaron o llevaron adelante en esta sede territorial; (iii) si, por hipótesis, existieron los alegados ofrecimientos y aceptaciones de traslados y alojamientos (etc.), los incumplimientos de obligaciones ligadas a los oficios de los involucrados, u otras variantes que se trajeron a colación, todo ello también habría sucedido aquí", argumentó el camarista.

En detalle. Con esta decisión, la justicia de Bariloche podría oponerse y trabar un conflicto de competencia que terminaría en Casación. Sin embargo, el escenario parece poco probable: la jueza del sur que tiene el caso se jubilará en los próximos días. Por lo tanto, todo parece indicar que más temprano que tarde el expediente recaerá en el juzgado de Sebastián Ramos.