Para conseguir dólares, el Gobierno lanza un nuevo blanqueo

Apremiado por la caída de reservas y después de meses de dilaciones, el Gobierno apuró y envió al Congreso un nuevo proyecto de blanqueo de capitales en base al acuerdo que el ministro de Economía, Sergio Massa, cerró con Estados Unidos para avanzar en el intercambio de información financiera.

La propuesta, que incluye un total de 37 artículos, fue denominada como "Declaración voluntaria del ahorro argentino no exteriorizado" e ingresó este miércoles a la Cámara de Diputados.

En rigor, este blanqueo de capitales forma parte de un acuerdo que el ministro Massa firmó con el embajador Marc Stanley en diciembre del año pasado para la entrega de información financiera. Esto permite al país tener acceso a los movimientos de las cuentas de argentinos en Estados Unidos desde septiembre de 2021.

Lo cierto es que Massa giró el proyecto en su momento al Gobierno pero nunca llegó al Congreso. Es que el oficialismo no contaba con los votos necesarios para darle media sanción y la tensión política lo obligó a postergar su tratamiento.

Incluso se pensó que iba a ser incluido en las sesiones extraordinarias, pero no fue así. En la lista de 27 proyectos que envió Alberto Fernández al Congreso lo más cercano fue la propuesta de modificación a la ley de lavado de activos y lucha contra el financiamiento al terrorismo, medida reclamada por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).

Como sea, la iniciativa impulsa la creación del régimen especial “Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino no Exteriorizado” y alcanza a personas humanas, sucesiones indivisas y empresas (sujetos comprendidos en el art. 53 de la Ley de Impuesto a las Ganancias).

Entre los bienes comprendidos se incluyen desde la tenencia de moneda nacional y/o extranjera en el país y/o en el exterior, activos financieros, bienes inmuebles, bienes muebles y demás bienes en el país y/o en el exterior (incluyendo créditos).

Asimismo se establecen distintas alícuotas aplicables para la exteriorización de los bienes del país y del exterior cuando exista repatriación aplicable sobre el monto exteriorizado al tipo de cambio BNA. Las mismas varían del 5 % desde la entrada en vigencia y hasta transcurrido el plazo de 120 días corridos, se eleva al 10 % cuando se supera ese plazo hasta transcurridos otros cuatro meses, y llega a 20%, cuando se extiende la demora por otros 120 días corridos.

Además se incrementan las alícuotas aplicables para la exteriorización de los bienes del exterior cuando no exista repatriación. Sobre este punto se precisó que se entenderá por repatriación de bienes "cuando el monto ingresado al país en concepto de tenencia en moneda extranjera y los importes generados por los activos financieros representen como mínimo un porcentaje a determinar por la reglamentación del valor total de los bienes en el exterior que se declaren pero que no podrá ser inferior al 10 %".

De acuerdo a lo establecido en el proyecto, también se creará un régimen simplificado con una alícuota especial del 1,5% aplicable a personas humanas que exterioricen tenencia de moneda nacional y/o extranjera y el monto no supere el  35% de los ingresos anuales promedio de los últimos 3 períodos fiscales y con un tope de hasta U$D 50 mil.

Para acceder a este régimen simplificado, la manifestación voluntaria de la tenencia de moneda nacional o de moneda extranjera requerirá también una declaración jurada meramente informativa que dé cuenta del monto exteriorizado, mientras que quedan excluidos únicamente los contribuyentes alcanzados por el denominado Aporte Solidario.

Dentro de los beneficios que promueve este nuevo blanqueo del Gobierno se destaca que no se considerarán incrementos patrimoniales no justificados por los bienes declarados, y se libera a los sujetos comprendidos de toda acción civil, comercial, penal tributaria, penal cambiario, penal aduanero e infracciones administrativas que pudieran corresponder por los bienes declarados. Pero, además, quedan exceptuados de pagar Impuesto a las Ganancias como así también otros gravámenes internos como Bienes Personales.

Con el fin de evitar cualquier suspicacia, quedan exceptuados de este blanqueo aquellos funcionarios que se desempeñaron en la administración pública entre el 1 de enero de 2010 y la vigencia de la ley. La restricción también alcanza a sus cónyuges, los convivientes, los padres y los hijos.

Tampoco pueden acceder al programa quienes fueron declarados en estado de quiebra sin posibilidad de continuar con la explotación, como los sujetos condenados por delitos frente a incumplimiento tributarios en la medida que exista sentencia firme y que la condena no estuviera cumplida.

A todo esto se fija a partir de esta ley un acuerdo de colaboración para que la AFIP obtenga información y pueda localizar y detectar bienes no declarados tanto en el país como en el exterior.

Antes de la firma del acuerdo con el embajador Marc Stanley, que se concretó en diciembre del año pasado, Massa había declarado que también se incluía la revisión del blanqueo de capitales realizado por la gestión de Cambiemos durante los años 2016 y 2017.