El oficialismo amplió el pedido de juicio contra la Corte Suprema

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomó hoy el debate sobre las irregularidades en el funcionamiento de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN) en el marco de la investigación por presunto mal desempeño de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

Antes de que se iniciara la reunión del cuerpo conducido por la entrerriana Carolina Gaillard, los diputados nacionales del Frente de Todos Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley presentaron una ampliación del pedido de juicio político sumando como causal los fallos que suspendieron las elecciones provinciales en San Juan y Tucumán, tal como lo anunciara días atrás el presidente Alberto Fernández a través de cadena nacional. 

Para la audiencia de este jueves, había sido citado como testigo por oficio con requerimiento de intervención judicial el ex director de la obra social, Aldo Tonón, quien renunció semanas atrás al cargo en medio de fuertes cuestionamientos por su desempeño en el cargo. Sin embargo, el funcionario judicial volvió a ausentarse a la comisión por cuarto vez, y queda pendiente lo que resuelva el juez Ariel Lijo para obligarlo a comparecer.

El pasado 3 de mayo la mayoría oficialista había aprobado la moción para que Tonón sea traído por la fuerza pública, lo que requiere la intervención del juez donde tramita la causa penal.

Entre los testigos que sí concurrieron a la comisión, el primero en exponer fue el titular de la Dirección Jurídica General de la Corte, Sebastián Clerici, responsable de forma transitoria de buena parte de las tareas que desarrollaba el ex administrador general Héctor Marchi, quien fue desplazado del cargo recientemente. 

Clerici presidió la auditoría que analizó el accionar de la obra social durante 13 años entre 2008 y 2021.

Consultado por Siley sobre la naturaleza jurídica de la obra social, admitió que se trata de una "dependencia de la Corte donde el directorio está dotado de una amplia autonomía" funcional.

Los otros tres citados son Iván Nicolás Ritvo y Gabriel Martínez, ambos contadores públicos, y Laura Ambrosio, afiliada damnificada de la OSPJN.