La Cámara de Casación debe resolver si confirma o no los seis años de cárcel a los que fue condenada la vicepresidenta por fraude en la obra pública.
Política25 de mayo de 2023
Sección País
Cristina Kirchner volvió a pedir que sean apartados los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, miembros de la Cámara Federal de Casación Penal, en la causa por la cual fue condenada a seis años de prisión por fraude en la obra pública.
Son dos de los tres integrantes de la Sala IV del Tribunal que revisa la condena que el año pasado recayó sobre la vicepresidenta por haberle otorgado obras públicas viales al empresario Lázaro Báez.
Los abogados de la ex presidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, apelaron la decisión de los jueces de rechazar in limine, esto es sin analizar la cuestión, un primer intento recursivo. El nuevo pedido hecho por los abogados es que otros jueces de Casación resuelvan.
La recusación sobre los jueces Hornos y Borinsky es porque se asegura que ya intervinieron en el caso previamente con lo cual sentaron posición de antemano. También por falta de independencia e imparcialidad por sus visitas al entonces presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada.
"Mientras se desarrollaba el juicio también trascendió que los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, quienes intervinieron como magistrados de Alzada en este proceso y prácticamente en todos los expedientes impulsados en contra de nuestra representada a partir de diciembre de 2015, visitaban en forma periódica la Casa Rosada y la Quinta de Olivos durante la presidencia de Mauricio Macri, con quien según se dijo practicaban actividades sociales”, recordó la defensa.
Los dos jueces integran con Javier Carbajo el Tribunal y sin plazo establecido es que deben resolver si confirman o no el veredicto, el cual es la única condena que pesa sobre la Vicepresidenta más allá de la existencia de otras causas en su contra.
En diciembre pasado, la Vicepresidenta fue condenada por el Tribunal Oral Federal 2 por administración fraudulenta a raíz de las obras públicas viales que le cedió a Báez durante su Gobierno, y la fiscalía reclamó a Casación que también la acusara por asociación ilícita algo que fue descargado en el juicio.
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