Ficha Limpia: el debate se encamina al recinto en Diputados
Se firmaron cuatro dictámenes. Las iniciativas buscan impedir que sean candidatos a cargos públicos electivos a quienes tengan una condena penal por delitos dolosos graves.
A pesar de haber dejado el organismo hace más de tres meses, el jefe de Gabinete sigue disponiendo de autos y custodios para moverse. Suele acompañarlo la interventora, Ana Clara Alberdi.
Política31 de mayo de 2023Sección PaísPese al perfil austero que quiso imprimirle a su lanzamiento como precandidato presidencial, Agustín Rossi es uno de esos funcionarios que disfruta de los beneficios de pertenecer. Así lo demuestra el uso impúdico que hace los autos y la custodia de la Agencia Federal Inteligencia (AFI), organismo que dejó a mediados de febrero pasado para jurar como jefe de Gabinete de la Nación.
Según pudo saber Sección País, Rossi se vale de esos medios para trasladarse los fines de semana a su casa en la ciudad de Rosario. Y lo hace acompañado por Ana Clara Alberdi, la mujer que hizo nombrar al frente de la AFI cuando Alberto Fernández le propuso reemplazar a Juan Manzur en la Jefatura de Gabinete. Hasta ese momento, Alberdi –que también es oriunda de la provincia de Santa Fe– era la segunda de Rossi en la ex SIDE.
"Viajan todos los fines de semana. [Los custodios] los dejan a cada uno en su casa y se tienen que quedar todo el fin de semana en un hotel, ahí en Rosario, hasta la vuelta el domingo", confiaron fuentes confiables a este portal.
En marzo, luego de la amenaza narco a la familia de Lionel Messi que conmocionó al mundo, Rossi reconoció sus frecuentes viajes a Rosario –"trabajo en Buenos Aires, pero mi esposa vive en Rosario, trabaja allá, mis hijos estudian y trabajan allá", dijo entonces– y que la problemática narco no la ve "por televisión" sino que la "vive". No obstante, sólo él y su mano derecha tienen la suerte de hacerlo bajo la custodia de los servicios de inteligencia.
Se firmaron cuatro dictámenes. Las iniciativas buscan impedir que sean candidatos a cargos públicos electivos a quienes tengan una condena penal por delitos dolosos graves.
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