
La CGT avanza con un paro general antes del 10 de abril en respuesta a la represión
La central obrera definirá la medida el próximo jueves y apunta contra la violencia policial en la marcha de jubilados y el ajuste del Gobierno.
Luis Petri apoyó la presencia de las fuerzas federales para impedir el ingreso de manifestantes a la Ciudad de Buenos Aires.
Política06 de julio de 2023Luis Petri se mostró en contra de negociar con piqueteros respecto a los piquetes y reveló que medidas apoyaría en caso de un eventual gobierno de su compañera de fórmula, Patricia Bullrich. El candidato a vicepresidente también adelantó la posibilidad de quitar los planes sociales a las organizaciones sociales para transferirlas a municipios y provincias.
Consultado por los cortes de calle en la Ciudad de Buenos Aires durante las últimas jornada, el dirigente de Juntos por el Cambio descartó de entrada un posible acuerdo con los movimientos piqueteros, a los cuales definió como "quienes secuestraron la Argentina durante 20 años".
"¿Qué vamos a acordar con los piqueteros, con (Roberto) Baradel? ¿Que en lugar de hacer 9000 cortes, hagan 4500? No se puede acordar con esa Argentina populista, piquetera, sindicalista. Uno no puede acordar con el secuestrador", arremetió en declaraciones por LN+.
Allí, se expresó en sintonía con el uso de las fuerzas de seguridad para "imputar y condenar a los líderes y los organizadores" de este tipo de protesta. "En la Ciudad debes impedir el ingreso (de manifestantes). Se frena con las Fuerzas Federales".
En esta línea, sostuvo que es necesario "cumplir con la ley" para evitar la "extorsión y la amenaza a través de la violencia" y se mostró firme ante la posición de evitar los cortes de calle.
"No puede ser que la respuesta a los piquetes sea no hacer nada, dejar que te corten las calles y le jodan la vida a la gente. Debemos tener la decisión política ir contra los piquetes con todo el peso y la igualdad de la ley, se tienen que acabar los privilegios", subrayó.
Respecto al manejo de los planes, Petri señaló que son utilizados como un "proceso extorsivo" por parte de las organizaciones para "obligar a la gente a ir a las marchas". En este sentido, sostuvo que para evitar eso se evaluará el traspaso hacia municipios y provincias.
"¿Qué poder de acarreo van a tener si a la gente no se les cae el plan?", concluyó.
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