"Vamos a acompañar de manera responsable esta votación", sostuvo el bloque amarillo en Diputados, que ya no exige más cambios ni nuevas condiciones para apoyar la iniciativa.
Política26 de enero de 2024
Sección País
El bloque de diputados nacionales del PRO se diferenció hoy del resto de las fuerzas de la oposición “amigables” al oficialismo al sostener que va a “acompañar de manera responsable la votación” del proyecto de ley ómnibus, sin exigir más cambios al proyecto que los ya incorporados ni pedir nuevas condiciones para apoyar la iniciativa.
Este apoyo “sin peros” genera una demarcación respecto de las bancadas de la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, que a través de distintas expresiones públicas dieron a entender su disconformidad con la última versión del dictamen de mayorías que ellas mismas habían firmado en el plenario de comisiones con disidencias, evidentemente sin conocer a fondo al detalle del texto.
Tal fue el estupor que les provocó al día siguiente desayunarse que algunos de los cambios que habían negociado los bloques y gobernadores aliados no estaban plasmados en la letra del proyecto, que la expectativa mutó en fastidio y este jueves agotaron los últimos esfuerzos para alumbrar una solución que nunca llegaría.
Las reuniones que por separado mantuvieron con el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, en el despacho de la presidencia de la Cámara baja fueron infructuosos, y tras un cónclave interno entre sus principales líderes, la UCR y Hacemos Coalición Federal decidieron suspender las negociaciones y directamente activar su capacidad de veto en la votación en particular del articulado.
Para diferenciarse, el PRO sacó un comunicado mucho más complaciente hacia el Gobierno, adelantando el apoyo y sin hacer mención a ninguna modificación adicional del dictamen ni a polémica alguna con el oficialismo.
“En estas semanas, desde el PRO, trabajamos comprometidamente para que el proyecto pueda salir adelante siempre respetando y teniendo presentes los valores que como partido político nos identifican desde nuestra creación”, señalaron.
“Hemos escuchado y participado activamente de todas las instancias y aportamos la experiencia de nuestros diputados para colaborar con la redacción de un proyecto superador con posibilidad de alcanzar los consensos necesarios para lograr su aprobación en el Congreso”, agregaron desde el bloque amarillo que conduce Cristian Ritondo.
“Es por eso que nuestra posición sigue siendo la misma desde que ingresó el proyecto de Ley a esta Cámara, luego de hacer sugerencias y aportes técnicos que profesionalizan lo enviado por el Gobierno: vamos a acompañar de manera responsable esta votación para que el gobierno cuente con las mejores herramientas normativas que le solicita al Poder Legislativo”, concluyeron.
El peronismo aseguró que la propuesta que el Gobierno pretende sancionar en extraordinarias "no nace en Argentina" sino "en Washington" y advirtió que con ella "los trabajadores seguirán retrocediendo".
Se trata de la santafesina Verónica Razzini, quien rompió con el PRO en abril. Con una banca más, el bloque violeta llega a 92 diputados, quedando al borde de igualar a Unión por la Patria en la Cámara baja.
El gremio denunció una "pérdida histórica" del 54,8% del poder de compra desde 2015. El informe exige un aumento de emergencia del 118% para que los estatales superen la línea de pobreza.
El diputado saliente presentó un proyecto para desmantelar el sistema actual, al que tilda de "ineficaz" y propenso al "espionaje interno". La propuesta busca crear agencias especializadas y sujetas a estricto control judicial.
El oficialismo quiere que el trabajo de los legisladores se amplíe a diciembre, febrero y parte de enero. La Casa Rosada define la fecha de la convocatoria, que incluirá el Presupuesto 2026.
La suspensión fue anunciada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sin profundizar en las razones. Fuentes oficiales indican que la cancelación es una "respuesta silenciosa" a la controversia generada por el título de Rosario Central, que escaló con la sanción a Juan Sebastián Verón.
La Comisión Nacional de Valores (CNV) estableció un límite del 20% de su patrimonio para la inversión en cauciones por parte de las billeteras y los FCI Money Market. La medida afectará los intereses que pagan a los usuarios.
