Mayor presión a las provincias. El Central deja caer la comunicación A7674 y los bancos no pueden adelantar los fondos para haberes, quedando a la espera de la transferencia del Tesoro.
Economía y negocios 29 de enero de 2024
Sección País
Distintas Universidades Publicas Nacionales ya están comunicando a sus empleados que no cobrarán como estaban acostumbrados, el último día hábil del mes, y que seguramente se retrase al menos una semana el pago de los haberes.
El ajuste llegó rápido a las provincias y entes públicos, tras las palabras del ministro Economía, Luis Caputo, en conferencia de prensa el viernes pasado cuando comunicaba que se bajaba el paquete fiscal de la Ley Ómnibus.
Al ser consultado por si el ajuste iba a ser mayor y lo íbamos a pagar todos, el jefe del palacio de Hacienda respondió afirmativamente.
Algo de esto también había anticipado el vocero presidencial, Manuel Adorni, el martes pasado, al comunicar a la pasada que "el BCRA nos informa que quedó fuera de agenda la extensión de la autorización para que las provincias se endeuden con bancos provinciales, mecánica que utilizan muchas veces para hacer frente a necesidades financieras urgentes”.
A partir del 1 de febrero las provincias ya no estarán autorizadas a endeudarse con los bancos provinciales (generalmente el Nación o el de cada provincia) para pagar salarios o cubrir déficit.
Desde hace varios años se viene autorizando esa operatoria, pero la última prórroga aprobada por el Banco Central en enero de 2023 (Comunicación “A” 7674) no será renovada.
Dicho y hecho, este lunes comenzaron a llegar correos electrónicos a los empleados de las universidades públicas, avisando de la mala nueva.
Como por ejemplo a los empleados de la Universidad Nacional de San Luis que mediante un comunicado se les explica que "el pasado viernes 26 de enero fuimos notificados por autoridades del Banco de la Nación Argentina (nuestro agente financiero), de la imposibilidad de cumplir con el convenio de pago de haberes que fuera firmado oportunamente, en la cláusula referida al adelanto de nómina salarial sin costo financiero (cláusula VIII del convenio).
Esta cláusula permitía que la UNSL (y muchas otras universidades y entes públicos) pudiera abonar los salarios los últimos días de cada mes, esperando el Banco hasta el día que se acreditara fehacientemente el dinero por parte del Tesoro Nacional. “Esto llevo a que fuera política de esta administración que, en todos los meses, se cobrara los 29, 30 o 31 del mes que finalizaba; y efectivamente el Ministerio de Economía giraba los fondos el tercer día hábil del mes posterior al pago. Existiendo un desfasaje de cuatro (4) o cinco (5) días corridos entre efectivo pago y acreditación”, describe el comunicado.
Tras esta explicación práctica del proceso de pago de los organismos públicos, el comunicado expresa que iniciarán “las gestiones ante las autoridades nacionales para poder solucionar la situación pero que de no tener éxito, damos formalmente aviso de que los haberes correspondientes al mes de enero del 2024, no podrán ser abonados los últimos días del mes (como era política habitual), sino que deberemos esperar a que los fondos estén acreditados y a la vista, sin poder precisar fecha (al momento de este comunicado), del día especifico que podremos abonar los salarios. Estimando que será dentro de los primeros diez (10) días del mes”.
Estas mismas comunicaciones fueron enviadas en distintas versiones desde la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Universidad nacional de las Artes (UNA), y Universidad Nacional de San Juan.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió no extender la autorización que tenían los bancos provinciales a otorgarles créditos a los gobiernos locales, que en su amplia mayoría estaban destinados a financiar los desequilibrios de las cuentas de cada jurisdicción.
A través de la Comunicación “A” 6816, referida al “Financiamiento al sector público no financiero. Adelantos transitorios al sector público no financiero”, el Banco Central informó el 28 de octubre de 2019, inmediatamente después de las elecciones presidenciales de aquel año, que “se considerará –adicionalmente– como concepto excluido a los fines del cómputo de los límites básicos individuales y globales establecidos en materia de fraccionamiento del riesgo crediticio (...) a las asistencias financieras con destino al pago de haberes del personal”.
Esta resolución se fue prorrogando año tras año, la última vez el 19 de enero de 2023 a través de la Comunicación “A” 7674, que vencerá el 31 de enero de este año y no será extendida.
La decisión se dio a conocer en medio de la pelea con los gobernadores por la aprobación de la Ley de Bases y el envío del proyecto para reponer el impuesto a las Ganancias para los asalariados. A partir del 1 de febrero, se empiezan a ver las consecuencias, con el retraso en el pago de los sueldos de universidades, pero que puede afectar a distintos niveles de entes públicos, como hospitales, y hasta municipios.
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