Karina Milei quiere pasar la motosierra por las custodias de Cristina, Macri y Alberto

Karina Milei busca reducir el gasto destinado a financiar el sistema de protección para expresidentes, el cual el oficialismo considera "sobredimensionado". Se espera que en las próximas semanas se oficialice un decreto que modifique esta estructura, la cual fue dispuesta por una medida adoptada por Alberto Fernández poco antes de dejar la Casa Rosada, y que está bajo la supervisión de la Secretaría General, que dirige la hermana del Presidente.

La decisión de Fernández generó polémica entre el exmandatario y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien incluso llegó a anunciar incorrectamente la derogación de la medida dispuesta por el actual titular del PJ. Sin embargo, esta normativa permanece vigente y garantiza una cobertura de seguridad a los expresidentes que, para la administración Milei, resulta "inexplicable".

La reforma en marcha requiere de un trabajo colaborativo entre los asesores de Karina Milei y los de Bullrich, ya que si bien el programa depende de Casa Militar, que está bajo el paraguas de la Secretaría General, el financiamiento y la operatividad corresponden a Seguridad, que tiene a su cargo la División Custodia Presidencial y la Unidad Custodia Ex Mandatarios de la Policía Federal.

Actualmente, Cristina Kirchner cuenta con una custodia permanente de 120 efectivos de la Policía Federal. Mientras que Mauricio Macri dispone de 30 y Alberto Fernández de 3, que hoy revisten en España sumando lógicamente viáticos más onerosos. Justamente, se cuestiona que Fernández haya hecho este cambio de último momento para asegurarse una escolta permanente en el extranjero.

En contraste, Eduardo Duhalde, que gobernó la Argentina tras la crisis del 2001, no dispone de protección de fuerzas federales, según señalan en Casa Rosada.

Así las cosas, la intención oficial es limitar la función de la custodia para los expresidentes. "Es necesario definir qué familiares tienen derecho a esta protección y cuáles no", apuntan en el Gobierno. Es que en Casa Rosada aseguran que la estructura que da protección a los exmandatarios está "sobredimensionada" y produce un gasto desproporcionado en consideración a la función por la que fue creada hace décadas.