ARA San Juan: familiares de las víctimas pidieron que la causa por espionaje vaya a Caleta Olivia

Familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan apelaron la decisión del juez subrogante de Dolores, Martín Bava, de enviar la causa por presunto espionaje en su contra a Comodoro Py.

El planteo fue presentado por la abogada de parte de los familiares, Valeria Carreras, quien reclamó que la causa tramite en los tribunales federales de Caleta Olivia, donde se instruye la investigación sobre el hundimiento, o en el fuero "más lejano a la Ciudad de Buenos Aires", pues "caer en la cofradía denominada Comodoro Py equivale a perder toda esperanza de Justicia".

En este sentido, la abogada señaló: “No tenemos dudas que estamos frente a una decisión equivocada y contraria a derecho que perjudica y produce un gravamen irreparable a esta querella". Y advirtió que “las querellantes volverán a ser víctimas, porque sabiendo que la causa será atraída a tramitar junto a otra que desconocen, padecerán el desprestigio de los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires”.

El juez Bava decidió remitir el expediente por presunto espionaje a familiares de las víctimas, el único expediente en el que está procesado Mauricio Macri, para que sea acumulada con la "Causa D'Alessio".

Las querellantes aseguran “ignorar el tenor y relación de la causa 88/19 con esta causa que investiga el espionaje ilegal sobre los familiares de la tripulación del submarino ARA San Juan”.

“¿Puede quedar firme la resolución que acumula a otra causa, que esta parte ignora en su totalidad, de la que jamás tomo vista, a la que jamás se nos puso en conocimiento de sus extremos? La respuesta es ‘no’. Estaríamos frente a una decisión inaudita parte, modo solo permitido en cautelares o en dictaduras”, se preguntó y respondió la abogada Carreras.

“No hay un elemento jurídico en la resolución que nos permita verificar si se ha respetado el principio de juez natural, el principio de competencia en razón del lugar donde acaecieron los hechos que se investigan. Estamos frente a una resolución que en caso de quedar firme destrozaría dos siglos de jurisprudencia y doctrina en cuanto a la competencia”, resumió.