El veto a la ley de financiamiento universitario está en duda

Tras la aprobación en el Senado de la ley de financiamiento educativo el Gobierno admitió que analiza un posible veto, tal como sucedió días atrás cuando el Congreso sancionó la reforma jubilatoria. “Está en discusión si vamos a vetar o no la ley. Es decisión del Presidente”, dijo este viernes el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa.

El Senado le dio en la madrugada del viernes un duro revés a la gestión de Javier Milei al rechazar el DNU que le otorgaba fondos por $100.000 millones a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y aprobar el proyecto que actualiza y blinda el presupuesto de las universidades públicas. No obstante, la Cámara alta dio luz verde a la Boleta Única, que deberá regresar a Diputados. 

El pasado miércoles, Milei consiguió dividir a la oposición y ganó la pulseada política por el veto a la ley de aumento de las jubilaciones. El oficialismo, junto con aliados circunstanciales en Diputados, consiguió bloquear la posibilidad de que los opositores consigan dos tercios de los votos presentes para insistir con la norma que planteaba una nueva fórmula jubilatoria: el tablero marcó 153 votos en contra del veto y 77 a favor, con 8 abstenciones y 9 ausencias.

Con ese antecedente, ahora el libertario analiza si decide seguir el mismo camino con lo que aprobaron los senadores en las últimas horas y que aumenta el presupuesto para las universidades públicas, aunque el contexto no es el mismo y, de momento, está lejos de alcanzar números favorables para que siga el mismo proceso que la reforma jubilatoria.

Ante los rumores previos al tratamiento en el Senado, días atrás, el Frente Sindical Universitario (FSU) advirtió que harán una nueva marcha federal universitaria en el caso de que Milei vete la ley.

“El Frente Sindical ratifica una vez más su voluntad de defender una universidad pública de calidad con salarios dignos; por ello, convoca al pueblo argentino a gestar una nueva marcha federal universitaria. Debemos expresar la voluntad ciudadana colectiva de mantener esta universidad como garantía de educación para la igualdad, la producción de conocimientos para atender las problemáticas de nuestro país y que sea motivo de nuestro orgullo. No hay universidad pública de calidad sin salarios dignos”, expresó el FSU en un comunicado publicado días atrás.

La aprobación del financiamiento universitario fue por 57 votos afirmativos, 10 negativos y una abstención. La propuesta opositora incrementa los recursos para las universidades nacionales para garantizar su funcionamiento. Ese aumento incluye una mejora salarial para los docentes y no docentes. 

Los votos positivos fueron aportados por la Unión Cívica Radical, el kirchnerismo, bloques federales y solo dos senadores del PRO. Los 10 restantes negativos fueron de los siete representantes de La Libertad Avanza y tres del PRO, que también sumó la abstención. 

La ley generará un impacto fiscal de $735.598 millones, lo que implica el 0,14% del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso. De todos modos, el Gobierno ya advirtió que podría vetar esta ley como sucedió con el aumento de las jubilaciones. 

El proyecto obliga al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión en las universidades, y fija que cada dos meses el Gobierno deberá ajustar los presupuestos de las Universidades acuerdo a la inflación. 

La iniciativa aprobada por Diputados establece que el Poder Ejecutivo tendrá que actualizar desde el 1 enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, de forma bimestral, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales por el Índice de Precios al Consumidor informado por el INDEC. 

De acuerdo a la oficina de Presupuesto, la actualización de partidas del 2023 según el IPC es de $210.742 millones; el ajuste bimestral de los recursos para 2024 es de $86.254 millones, en tanto que para salarios los fondos oscilan en los $441.600 millones.

Uno de los puntos centrales es que se aumentarán todos los meses los salarios de docentes y no docentes con actualizaciones según la inflación. 

Al respecto, establece que los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional se deberán actualizar a partir del 1° de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la presente ley por la variación acumulada de la inflación informada por el INDEC durante ese periodo. 

Posterior a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre, los salarios deberán actualizarse en forma mensual y conforme a la inflación informada por el INDEC. Este mecanismo de aumento salarial dejaría de tener vigencia sólo si hay un acuerdo entre docentes y autoridades de las Universidades Nacionales.