El Ministerio de Seguridad bonaerense expulsó a 18 efectivos y los acusó de sedición. La protesta reaviva tensiones con la fuerza, que en 2020 protagonizó una revuelta masiva.
Política19 de febrero de 2025
Sección País
El gobierno de la provincia de Buenos Aires despidió y denunció penalmente a 18 efectivos de la Policía bonaerense que intentaron realizar un reclamo salarial en los distritos de Ituzaingó y Tres de Febrero. La medida fue tomada por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Javier Alonso, bajo el argumento de que las fuerzas de seguridad no tienen permitido realizar protestas de este tipo.
“Los echamos de la fuerza y denunciamos penalmente por incumplimiento de sus funciones. Están en graves problemas y va a suceder con cada uno que haga o convoque una sublevación”, advirtieron voceros del ministerio. Los efectivos enfrentan cargos por el delito de sedición, ya que la Constitución prohíbe a los miembros de la policía realizar reclamos gremiales.
El conflicto se da en el marco del aumento salarial anunciado por la administración de Axel Kicillof, que otorgó un 9% de incremento para estatales y docentes –7% en febrero y 2% en marzo–. Este ajuste también alcanza a la Policía bonaerense, pero sin una negociación propia, ya que sus sueldos dependen de la misma paritaria que regula los ingresos de los empleados estatales. A pesar de esto, algunos sectores de la fuerza impulsaron un petitorio con demandas más amplias, que incluyen un aumento del 100% del salario básico, mejoras en la prestación de IOMA y límites geográficos para el traslado del personal.
Las protestas dentro de la policía provincial no son nuevas. En septiembre de 2020, en plena pandemia, unos 1.200 agentes protagonizaron una revuelta que incluyó una manifestación en la residencia del gobernador en La Plata y en la Quinta de Olivos. En ese momento, el entonces ministro de Seguridad, Sergio Berni, debió negociar con la intervención del gobierno nacional, que creó un Fondo de Fortalecimiento Fiscal para destrabar el conflicto y mejorar los salarios.
Desde el Ministerio de Seguridad remarcaron que quienes participaron de aquella revuelta también fueron sancionados. “Cuando detectamos un policía que está fuera de la ley, lo echamos. De esa protesta en 2020 fueron expulsados los 1.200 policías”, aseguraron.
A nivel nacional, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dispuso recientemente un aumento del 5% en los haberes básicos para la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y otras fuerzas de seguridad nacionales. También aplicó una equiparación salarial para el Servicio Penitenciario Federal, donde se detectaron diferencias en los haberes del personal.
La diferencia entre ambas situaciones radica en que el ajuste para la Policía bonaerense no fue una decisión exclusiva del gobierno provincial, sino que se enmarca en la negociación general con los gremios estatales. Esto generó malestar entre algunos sectores de la fuerza, que exigen aumentos específicos y mejores condiciones laborales.
Con antecedentes de protestas dentro de la Bonaerense y la amenaza de nuevos reclamos en redes sociales, el gobierno de Kicillof busca cortar de raíz cualquier intento de sublevación. Sin embargo, la reacción dentro de la fuerza y el impacto de la medida sobre la seguridad en la provincia aún están por verse.
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