Proponen controles de drogas para todos los funcionarios públicos

El diputado nacional Gabriel Chumpitaz (PRO) presentó un proyecto de ley para implementar exámenes toxicológicos obligatorios a todos los funcionarios de los tres Poderes del Estado. La propuesta, ingresada este lunes al Congreso, establece pruebas periódicas y aleatorias con el objetivo de demostrar que quienes ocupan cargos públicos no consumen drogas.

El texto abarca al Poder Ejecutivo, la Justicia y el Congreso, así como a los directivos de organismos autárquicos, empresas estatales y autoridades provinciales o municipales de distritos que decidan adherir a la norma. Según el proyecto, las pruebas se realizarán al asumir el cargo, al menos una vez al año y de manera aleatoria cada tres meses sobre una muestra representativa de funcionarios.

Entre las sustancias que se buscará detectar figuran cocaína, marihuana, opiáceos, anfetaminas, alucinógenos y otras drogas sintéticas. En caso de que un funcionario resulte positivo, el proyecto prevé una contraprueba. Si el resultado es confirmado, se establecerá una suspensión preventiva sin goce de haberes hasta que su situación sea resuelta.

La propuesta también estipula las consecuencias según el poder al que pertenezca el funcionario. Para el Ejecutivo, la decisión final recaerá en el Presidente de la Nación tras la evaluación de una junta médica y la Oficina Anticorrupción. En el caso de diputados y senadores, intervendrá la Comisión de Asuntos Constitucionales de cada Cámara, que podrá recomendar la destitución mediante juicio político. Para el Poder Judicial, será el Consejo de la Magistratura quien determine el proceso de sanción o remoción.

Chumpitaz destacó que el narcotest obligatorio es especialmente necesario en provincias como Santa Fe, afectadas por el avance del narcotráfico. “En una provincia que ha sido testigo del impacto devastador del narcotráfico, exigir a los funcionarios un estándar de conducta intachable es una necesidad imperiosa para garantizar que las decisiones de gobierno no se vean contaminadas por intereses espurios”, afirmó el diputado.

La medida busca aumentar la confianza ciudadana en las instituciones y garantizar que quienes ocupan cargos de alta responsabilidad lo hagan con idoneidad y sin interferencias que puedan comprometer su desempeño.