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La Comisión de Acuerdos se reunirá el jueves y la oposición busca voltear los nombramientos de Milei en la Corte Suprema.
El Gobierno apuesta a que la oposición no logre los votos para frenarlo. Diputados cercanos a Kicillof presentaron una denuncia penal contra el Presidente.
Política10 de marzo de 2025El presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que habilita el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), evitando así el trámite legislativo que exige la Ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública.
El decreto se publicará este martes en el Boletín Oficial, y el Gobierno confía en que la oposición no logrará reunir los votos suficientes en ambas cámaras del Congreso para anularlo.
El borrador del DNU prevé que el acuerdo con el FMI se extienda por diez años y que los fondos obtenidos se utilicen exclusivamente para cancelar Letras del Tesoro en poder del Banco Central, según fuentes oficiales.
El Gobierno argumenta que el uso del DNU es legal y necesario para avanzar con urgencia en el acuerdo, ya que una ley demandaría negociaciones más prolongadas y una posible demora en los desembolsos del FMI.
Sin embargo, la oposición asegura que el decreto viola la Constitución y la Ley Guzmán (27.612), aprobada en 2021, que obliga al Ejecutivo a someter cualquier nuevo endeudamiento al Congreso.
El decreto deberá ser tratado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, presidida por el libertario Juan Carlos Pagotto. Según los plazos establecidos, el Gobierno tendrá casi un mes para cerrar el acuerdo sin que la oposición pueda bloquearlo en el recinto.
El oficialismo necesita que al menos una de las cámaras no lo rechace, ya que para anular un DNU se requiere la negativa de ambas. De este modo, Milei invirtió la lógica parlamentaria: en lugar de negociar los votos para aprobar una ley, apuesta a que la oposición no consiga los números para voltearlo.
Mientras tanto, un grupo de diputados de Unión por la Patria presentó una denuncia penal contra el Presidente por la firma del DNU, alegando que viola la Constitución y usurpa facultades del Congreso.
La presentación fue realizada por Juan Marino, Victoria Tolosa Paz, Hugo Yasky, Julio Pereyra, Brenda Vargas Matyi y Sabrina Selva, con el patrocinio del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat.
Según la denuncia, el decreto configura abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y usurpación de atribuciones del Congreso, ya que la Constitución prohíbe expresamente que el Ejecutivo emita disposiciones legislativas en materia de endeudamiento.
Además, los legisladores pidieron a la Justicia que suspenda cualquier acto administrativo vinculado al acuerdo hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
El FMI, por su parte, no exige la aprobación parlamentaria como condición para avanzar con el acuerdo, lo que le da margen al Gobierno para sostener su estrategia.
El monto del acuerdo sigue sin confirmarse, pero las estimaciones van de US$10.000 millones a US$20.000 millones. El objetivo oficial es utilizar esos fondos para cancelar la deuda con el Banco Central y fortalecer las reservas.
El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la maniobra y afirmó que “Argentina necesita urgente este apoyo”, justificando así el uso del DNU.
El decreto desata un nuevo conflicto en el Congreso. La oposición intentará rechazarlo, pero enfrenta el desafío de conseguir los votos necesarios en ambas cámaras.
El oficialismo, en cambio, confía en que la oposición no logrará los números para frenarlo y apuesta a que el decreto quede firme sin necesidad de negociaciones legislativas.
La jugada de Milei es polémica desde lo legal, pero audaz desde lo político: avanza con el FMI sin dilaciones y desafía a la oposición a encontrar los votos para frenar su decisión.
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