
Milei defendió el equilibrio fiscal y anunció un proyecto para penalizar el déficit; la UBA está de paro; la Justicia confirmó 76 muertes por fentanilo contaminado, que podrían aumentar; y la economía sigue en modo "moonwalk".
El interbloque opositor busca rechazar las designaciones por decreto de los jueces propuestos por Milei para la Corte Suprema.
Política13 de marzo de 2025El interbloque peronista del Senado solicitó una sesión especial para el próximo jueves con el objetivo de anular los pliegos de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo para la Corte Suprema, al considerar que fueron designados por decreto sin el aval del Senado.
La solicitud fue presentada por los senadores José Mayans, Anabel Fernández Sagasti, Silvia Sapaz, Juliana Di Tullio y Fernando Salino, en un nuevo capítulo de la disputa entre el oficialismo y la oposición por el nombramiento de jueces en el máximo tribunal.
El pedido de sesión llega luego de que en la Comisión de Acuerdos del Senado se obtuviera dictamen sobre el pliego de García-Mansilla, quien ya juró como juez de la Corte y asumió el cargo hasta que el Senado se pronuncie formalmente.
Por otro lado, el Senado ya tenía dictamen a favor del pliego de Ariel Lijo, pero el kirchnerismo decidió que también lo rechazará, al considerar que su designación por decreto es inconstitucional.
Desde el peronismo, aclararon que el dictamen técnico a favor de García-Mansilla fue firmado "en disidencia total", lo que en la práctica representa un rechazo. Esto permite que la votación se lleve al recinto, donde el oficialismo necesita dos tercios de los votos para ratificar los nombramientos, un número que parece inalcanzable.
Si el peronismo logra 25 votos en contra, las postulaciones quedarían automáticamente anuladas, bloqueando la intención del Gobierno de incorporar jueces a la Corte por decreto.
Uno de los interrogantes que se plantea es qué ocurrirá con García-Mansilla, quien ya juró como juez del máximo tribunal, a diferencia de Lijo, que aún no asumió.
El debate se profundizó durante la reunión de la Comisión de Acuerdos, donde fue ratificada Guadalupe Tagliaferri (PRO) como presidenta y Anabel Fernández Sagasti (La Cámpora) como vicepresidenta.
En este contexto, Mayans insistió en la necesidad de “poner un límite” a la facultad presidencial de designar jueces por decreto.
En el oficialismo, la postura de la senadora Guadalupe Tagliaferri (PRO) fue tajante: “Estoy convencida de que esta comisión y el Senado son los que deben decidir los jueces de la Corte, algo que establece la Constitución Nacional”.
Por su parte, Mayans denunció que la decisión del presidente Javier Milei "viola la Constitución Nacional", al tiempo que advirtió que si el Gobierno avanza con esta práctica, en el futuro "podría nombrar jueces de tribunales inferiores, fiscales o defensores" de la misma manera.
“El nombramiento de García-Mansilla es de nulidad absoluta. Hoy tenemos a una persona que usurpa el Poder Judicial", afirmó el senador formoseño.
La sesión del próximo jueves será clave para definir el futuro de la Corte Suprema, en un escenario donde el oficialismo no cuenta con los votos para defender las designaciones.
En caso de que los pliegos sean rechazados, el Gobierno de Milei quedará en una posición comprometida, ya que habría impulsado una maniobra inconstitucional sin respaldo legislativo, lo que podría derivar en una fuerte crisis política e institucional.
Milei defendió el equilibrio fiscal y anunció un proyecto para penalizar el déficit; la UBA está de paro; la Justicia confirmó 76 muertes por fentanilo contaminado, que podrían aumentar; y la economía sigue en modo "moonwalk".
El Gobierno recusaría al juez del caso fentanilo, el INDEC confirmó un repunte de la inflación y la Justicia congeló criptoactivos en la causa $LIBRA. En paralelo, venció el plazo para que Cristina Kirchner y otros condenados en Vialidad paguen el decomiso millonario, la oposición avanza en Diputados y crece la tensión por el cierre de listas en el peronismo.
El cierre de listas reacomodó el tablero político y reavivó tensiones. Mientras el Gabinete busca sostenerse en medio de rumores, el Gobierno endureció su política monetaria para contener al dólar. En paralelo, crece la presión social y política por el escándalo del fentanilo contaminado y la respuesta judicial sigue bajo fuerte cuestionamiento.