Marcha de jubilados: la Ciudad no quiere hacerse cargo del operativo en el Congreso

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó este lunes una apelación urgente contra el fallo del juez Roberto Gallardo que ordenó que la Policía porteña encabece el operativo de seguridad durante la marcha de jubilados prevista para este miércoles frente al Congreso Nacional.

La presentación, firmada por el Dr. Agustín Luzzi —director de Dictámenes y Litigios Complejos de la Procuración porteña—, fue elevada a la Cámara en lo Contencioso Administrativo y califica la medida como “nula, arbitraria e improcedente”, además de advertir que vulnera el principio de división de poderes.

La Ciudad no quiere hacerse cargo

Para la administración de Jorge Macri, el fallo no solo afecta la autonomía porteña, sino que se dictó sin permitirle ejercer el derecho a defensa. “Una manifestación es un fenómeno dinámico, imaginar que detrás de un escritorio alguien va a poder escribir cómo actúa la Policía me parece forzado”, sostuvo el jefe de Gobierno.

La apelación remarca que la Ciudad no renunció en ningún momento a sus competencias en materia de seguridad, pero que la resolución del juez Gallardo invade facultades del Poder Ejecutivo y compromete la coordinación con fuerzas federales. También señala que el juez “se arrogó funciones del Ministerio de Seguridad” y falló sin contemplar la dinámica propia de un operativo de esta magnitud.

El trasfondo político y la denuncia de Nación

A la batalla judicial se le suma un capítulo político. Ayer, el Ministerio de Seguridad de la Nación, que encabeza Patricia Bullrich, denunció a Gallardo ante el Consejo de la Magistratura porteño por mal desempeño. Lo acusan de exceder su competencia al intervenir en cuestiones que —según el Gobierno nacional— son exclusivas del Ejecutivo.

La denuncia fue impulsada por Fernando Soto, Director Nacional de Normativa, a raíz de un amparo presentado por la CGT, la UTEP y el gremio judicial UEJN, que pidieron que las fuerzas federales no intervengan en la marcha del miércoles, citando supuestos abusos en movilizaciones anteriores.

Para el Gobierno nacional, Gallardo violó la Ley de Seguridad Interior (24.059) y actuó con una “interpretación subjetiva y forzada de los hechos”, lo que configuraría una intromisión ideológica e incompatible con la imparcialidad judicial.

Mientras tanto, la marcha sigue en pie. Pero la disputa por quién se hace cargo del operativo ya escaló a una guerra política y judicial de alto voltaje. Y nadie parece querer asumir el costo.