Datos biométricos: CABA pidió que la suspensión sea anulada

El gobierno porteño pidió que la suspensión del sistema de reconocimiento facial dispuesta por el juez Roberto Gallardo, tras detectar el supuesto uso irregular de datos biométricos, sea revocada.

Además, la Ciudad planteó subsidiariamente que, en caso de que no sea revocada la suspensión, se conceda una apelación con "carácter suspensivo". O sea: que mientras tramite el recurso, el sistema vuelva a cobrar vigencia.

Sobre los datos de personajes públicos hallados por el juez Gallardo, la administración que encabeza Horacio Rodríguez Larreta planteó que “de tener sospechas de alguna irregularidad acerca de la razón por la cual se habrían encontrado datos biométricos de personas que no se encontraban prófugos, debió dar intervención a la justicia penal”.

Asimismo, el apoderado del gobierno porteño, Diego Farjat, denunció la “violación al debido proceso legal” y reclamó la “nulidad de los allanamientos llevados a cabo en el Ministerio de Justicia y Seguridad y en el Centro de Monitoreo Urbano”. “El magistrado ha decidido suplir la actividad que le compete a los litigantes, confundiendo su rol de director del proceso con el de parte”, añadió.

En ese sentido, describió que el ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo D´Alessandro, “explicó pormenorizadamente el funcionamiento del servicio” y Gallardo “pudo haber requerido las explicaciones que considerase pertinentes sobre las eventuales inconsistencias o errores en la utilización del sistema”.

“Lejos de ello, resolvió inaudita parte las medidas requeridas por la parte actora, culminando así su obra maestra de desprecio por las instituciones del Estado de Derecho y violando groseramente el derecho de defensa”, embistió.

Según el gobierno porteño, la resolución del juez Gallardo “no explica de qué forma la implementación del Servicio de Reconocimiento Facial de Prófugos incida de forma suficientemente directa o sustancial sobre ciudadano alguno”.

“Los supuestos perjuicios que se invocan son meramente hipotéticos y conjeturales”, sostuvo la presentación. El escrito resumió que “la sentencia constituye una intromisión del Poder Judicial en facultades que son propias de la Administración”.