Sección País
La jueza Loretta Preska negó este lunes el pedido del gobierno argentino para suspender la sentencia que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos buitre Burford Capital y Eaton Park. La decisión deja a la Argentina con solo tres días para apelar ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito y evitar una transferencia que podría concretarse de manera inminente.
“Argentina tiene tiempo hasta el jueves 17 para solicitar directamente ante la Cámara una suspensión de la ejecución”, advirtió el tribunal.
Por qué importa
La petrolera YPF es la principal empresa energética del país y su control está en manos del Estado desde la expropiación de 2012. La pérdida del 51% implicaría una cesión forzada de soberanía sobre un activo estratégico. El caso tiene implicancias judiciales, económicas y diplomáticas, y podría marcar un precedente global en materia de estatizaciones sin oferta pública.
Una decisión que arrastra años de litigio
La causa se originó tras la estatización del 51% de YPF que estaba en manos de Repsol, durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner. Si bien Repsol fue indemnizada en 2014, el juicio iniciado por Burford y Eaton apunta a otro frente: la parte que controlaba el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, que ingresó a la petrolera en 2007 con aval de Néstor Kirchner y sin desembolsar fondos propios.
Ese ingreso se pactó a pagar con futuras utilidades. Pero en 2012, con la reestatización, el reparto de dividendos se suspendió y los Eskenazi dejaron de cumplir con sus compromisos. Entregaron entonces sus derechos de litigio, que terminaron en manos de Burford, un fondo que se especializa en pleitos judiciales.
La omisión del gobierno de Milei
En enero de 2024, Argentina debía presentar garantías para sostener su apelación. El nuevo gobierno no cumplió con ese paso y los demandantes quedaron habilitados para ejecutar la sentencia. El 30 de junio, Preska ordenó formalmente que el país entregue el 51% de las acciones estatales como forma de pago de la condena por US$16.000 millones.
Ni la intervención del Departamento de Justicia de EE.UU. —que presentó un escrito a favor de la Argentina— logró revertir el escenario.
Próximos pasos
La estrategia legal del Gobierno es ahora acudir directamente a la Cámara de Apelaciones y, si el fallo vuelve a ser adverso, escalar el caso a la Corte Suprema de EE.UU. El equipo jurídico del Estado considera que aún hay margen para evitar la transferencia, pero reconocen que se trata de una instancia crítica.
En paralelo, en el país crece la preocupación por el destino de una empresa clave. El 49% restante de YPF ya cotiza en bolsa. Si se concreta la ejecución, el Estado perderá el control operativo y estratégico de la firma.
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