Milei defendió el equilibrio fiscal y anunció un proyecto para penalizar el déficit; la UBA está de paro; la Justicia confirmó 76 muertes por fentanilo contaminado, que podrían aumentar; y la economía sigue en modo "moonwalk".
Kicillof fue a la Corte y reclama una deuda de $12 billones del gobierno nacional
Política05 de agosto de 2025
Sección País
El gobernador bonaerense Axel Kicillof pidió este martes a la Corte Suprema que convoque a una audiencia con el gobierno de Javier Milei por una deuda total de $12,1 billones que, según sostiene, la Nación mantiene con la provincia de Buenos Aires.
“Solicitamos que se fije una audiencia de citación de las partes a los fines de procurar una salida conciliatoria, en función de la apremiante situación económica”, dice el escrito que presentó junto al Fiscal de Estado, Hernán Gómez.
Por qué importa
La disputa judicial eleva la tensión entre Kicillof y Milei en plena campaña para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. El reclamo incluye fondos previsionales, programas de salud, seguridad, educación y subsidios recortados unilateralmente por el Ejecutivo.
El eje previsional
En esta nueva presentación, el foco está puesto en una deuda de $1,6 billones correspondiente a fondos de la ANSES, destinados a compensar los desequilibrios del sistema jubilatorio bonaerense. La provincia ya había reclamado por este ítem en la demanda original presentada el 26 de abril.
Según el planteo, la demora de la Corte en expedirse sobre su competencia agrava la situación financiera provincial, que se ve forzada a cubrir los déficits del IPS sin los aportes comprometidos por Nación.
Rosca y próximos pasos
La solicitud se dirige al tribunal que integran Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y busca reactivar el expediente mediante una audiencia de conciliación. El gobierno de Kicillof considera que están en juego “intereses públicos comprometidos de índole previsional”.
El reclamo se suma a otras demandas de gobernadores por deudas y recortes, y forma parte de una estrategia de presión judicial para forzar transferencias ante la parálisis de los canales políticos de negociación.
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