La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal rechazó la apelación de la DNV y dejó firme el cierre por falta de impulso procesal. Fallo mayoritario de Juan Perozziello Vizier y Eduardo Gottardi, con disidencia de Florencia Nallar. El decomiso por $684.000 millones sigue aparte en el TOF 2.
Política25 de septiembre de 2025
Sección País
La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal confirmó la caducidad de la acción civil con la que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) buscaba cobrar $22.300 millones a Cristina Fernández de Kirchner y a otros condenados en el caso de obra pública de Santa Cruz. La demanda —iniciada el 25 de enero de 2018, durante la gestión de Mauricio Macri— pretendía el resarcimiento de daños al patrimonio estatal.
El juez de primera instancia, Marcelo Bruno dos Santos, había declarado la caducidad al considerar que Vialidad dejó de impulsar el expediente por más de seis meses entre el 18 de marzo de 2023 y el 7 de abril de 2025, descontadas las ferias judiciales y el tramo en que la causa estuvo suspendida por un incidente de caducidad previo (septiembre de 2023 a marzo de 2025).
La DNV —hoy encabezada por Marcelo Jorge Campoy— apeló y sostuvo que, si se computaban presentaciones de septiembre de 2023 (un escrito frente a la situación de Carlos Kirchner y un pedido de préstamo del expediente para digitalización), el plazo de inactividad no se había configurado.
El tribunal mayoritario (Perozziello Vizier y Gottardi) descartó esos argumentos. En un fallo de 11 páginas, afirmó que la última acción útil para impulsar el proceso fue una orden del 17 de marzo de 2023 y que los escritos posteriores a la suspensión (18 de septiembre de 2023) carecieron de efecto impulsorio por haberse presentado con el trámite paralizado. También consideró irrelevante el préstamo del expediente del 15 de septiembre de 2023, al no ser la DNV responsable de la digitalización ni afectar ese trámite el avance de la causa.
La jueza Florencia Nallar votó en disidencia. Advirtió que la caducidad es una medida extrema que debe aplicarse con cautela “para evitar la indefinida prolongación de los juicios, pero no como un artificio” para eludir el fondo. Señaló que actos de Vialidad durante la suspensión no debieron reputarse inválidos de plano y que, reanudado el proceso el 17 de marzo de 2025, correspondía al juzgado resolver cuestiones pendientes antes de exigir nuevo impulso a la actora; por eso, a su criterio, no hubo abandono.
El pronunciamiento no impacta sobre el decomiso que tramita en paralelo ante el Tribunal Oral Federal N° 2, donde se persigue la recuperación de $684.000 millones vinculados a la causa Vialidad.
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