Grabaciones de mayo de 2025, secuestradas en allanamientos, lo muestran ordenando destruir pruebas, falsificar registros y presionar a directivos de HLB Pharma. El juez Kreplak lo procesó con prisión preventiva y embargo por $1 billón. Diputados activó una comisión para fijar responsabilidades políticas y administrativas.
Política27 de septiembre de 2025
Sección País
Nuevos videos incorporados a la causa por el fentanilo contaminado —tragedia con más de 120 muertes— exhiben a Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, delineando un plan de encubrimiento para borrar rastros en la investigación. Según Infobae, las grabaciones del 17 y 18 de mayo de 2025, captadas por cámaras en el domicilio de Javier Tchukrán (director general del laboratorio), fueron secuestradas en allanamientos y hoy son prueba central en el expediente del juez federal Ernesto Kreplak.
En uno de los registros, García Furfaro le indica a Tchukrán que saque de circulación una caja con ampollas de fentanilo —“Llevate esto, boludo”— y que las someta a autoclave para eliminar evidencias de contaminación. En paralelo, ordena completar y antedatar batch records. El director técnico Antonio Maiorano declaró que firmó bajo coacción: “No me dejaron salir hasta firmarlos”.
La maniobra se extendió al plano digital: exigencia de apagar cámaras, borrar correos y limpiar servidores. “Además de los mails, hice borrar todo lo que estaba… lo borramos todo”, le informa Tchukrán en otra reunión. El propio García Furfaro se deshizo de su celular para eliminar trazas de comunicaciones.
Con ese cuadro, Kreplak procesó a García Furfaro como figura central del caso, dictó prisión preventiva y un embargo por $1.000.000.000.000. En su fallo, calificó el episodio como “tragedia sanitaria” y vinculó el resultado letal a la adulteración y la simulación de controles dentro de la empresa.
En paralelo, la comisión investigadora de Diputados, presidida por Mónica Fein, anunció que focalizará en responsabilidades políticas y administrativas. La próxima semana escuchará a familiares de víctimas (con registro online de participación) y acordará una reunión con Kreplak para no interferir en la causa penal. Ejes: rol de ANMAT (“¿por qué tardó en clausurar?”), conocimiento del Ministerio de Salud y el destino de 4 kilos de fentanilo que, según dichos de la defensa, habrían sido “quemados por vencimiento” antes de un allanamiento.
Fein planteó además mecanismos de trazabilidad y fortalecimiento de ANMAT. “Lo ocurrido no podrá repararse; el objetivo es evitar que se repita y delimitar responsabilidades”, sostuvo.
Tras el asesinato de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20), la Comisión de Pastoral de Adicciones pidió una presencia “inteligente y cooperadora” de Justicia y Seguridad en los barrios. Curas villeros y el obispo de San Justo alertaron sobre “muertes anónimas” y la retirada estatal.
En La Rural, el Presidente defendió el ajuste, habló de “superávit inédito en 125 años” y pidió reformas laboral y fiscal. Dijo que el turismo “puede ser 20 veces más grande” con estabilidad.
La Sala IV escuchó a las partes: el abogado presidencial, Francisco Oneto, pidió llevar el caso a debate oral; la defensa del periodista sostuvo que “Pagni no dijo lo que dicen que dijo” y que se trató de opiniones amparadas por el interés público.
La Comunicación “A” 8336 obliga a bancos y agentes a exigir una DDJJ que prohíbe compras de títulos con liquidación en dólares por 90 días. Rige en doble sentido, alcanza también a personas humanas y busca desactivar “rulos” ante la brecha.
La Sala II ordenó levantar el congelamiento sobre activos de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy y dispuso trabar un embargo equivalente en moneda local. Farah sostuvo que no hay vínculo probado entre esos fondos y el hecho investigado, aunque avaló una cautelar patrimonial. La investigación sigue bajo el juez Martínez De Giorgi.
