Un informe de Bloomberg y cálculos privados señalan que el arbitraje entre dólar oficial y paralelos absorbió buena parte de las divisas del agro. El Gobierno aplicó la “restricción cruzada” y frenó la venta en billeteras digitales. Crece la inquietud por los próximos pagos de deuda.
Economía y negocios01 de octubre de 2025
Sección País
El arbitraje cambiario —popularmente, el “rulo”— le está costando al Gobierno una sangría de hasta USD 2.000 millones por mes en reservas, en medio de la presión sobre el dólar rumbo al 26 de octubre. Según reveló Bloomberg, pese a la liquidación récord del agro (casi USD 6.000 millones tras la baja temporal de retenciones), el Tesoro sólo pudo comprar unos USD 2.200 millones; el resto habría sido absorbido por ahorristas que compran oficial y revenden en los mercados MEP/blue.
De acuerdo con la casa de bolsa One618, la maniobra llegó a consumir hasta USD 2.000 millones mensuales, apalancada en la brecha cambiaria y la facilidad operativa en múltiples plataformas. Para frenar la sangría, el Gobierno activó la “restricción cruzada”: quienes compren dólar oficial quedan inhabilitados por 90 días para operar financieros. En paralelo, billeteras digitales como Mercado Pago y Cocos Capital dejaron de vender dólar oficial, consolidando un cierre de facto de esa vía.
La dinámica encendió alarmas entre tenedores de deuda. Con más de USD 500 millones en vencimientos en noviembre, crece la preocupación por la capacidad de pago si no se recompone la posición de divisas. “Aun con estas medidas, el Tesoro no podría cubrir capital e intereses de Bonares y Globales que vencen en enero de 2026”, advirtió a clientes Juan Manuel Truffa (Outlier), poniendo en duda la sostenibilidad del plan si no se contiene la fuga de dólares.
En el corto plazo, la clave será si las restricciones logran cerrar el “rulito” sin ahogar la operatoria financiera ni paralizar el flujo de comercio; y, en paralelo, si el Gobierno consigue reforzar reservas para despejar el horizonte de pagos y calmar la volatilidad cambiaria.
ARCA informó ingresos por $15,44 billones. El esquema que eximió derechos de exportación por hasta USD 7.000 millones y la alta base de 2024 explican el retroceso.
El directorio aprobó un programa que irá del 4° trimestre de 2025 al 4° de 2026. Martín Migoya habló de “fuerte confianza” en la estrategia; la acción cayó más de 70% en un año.
La Comunicación “A” 8336 obliga a bancos y agentes a exigir una DDJJ que prohíbe compras de títulos con liquidación en dólares por 90 días. Rige en doble sentido, alcanza también a personas humanas y busca desactivar “rulos” ante la brecha.
La CD definió no renovar con la marca alemana y avanzar con la firma nacional por un paquete superior. Desde el oficialismo apuntan a Martín Muscio y Esteban Sáenz Rico por presuntos pagos indebidos; evalúan pedir su expulsión. 2025 será de transición y en 2026 Atomik vestirá a todas las categorías.
El sindicato acusó a las firmas de reducir planteles pese a los beneficios fiscales del régimen (Ley 27.506) y pidió auditorías y “clawback”. Señalan que Globant recortó 453 puestos en 2025. Las empresas y la CESSI no respondieron por ahora.
El gobernador rescindió por decreto el acuerdo por la ex Alpesca en Puerto Madryn. La empresa estadounidense denuncia “inseguridad jurídica”, elevó el caso a la Embajada y a despachos del Departamento de Estado y advierte por el impacto en la inversión. La Provincia alega incumplimientos; en el sector mencionan el interés de la española Profand.
La diputada del FIT ironizó sobre la candidata a senadora de LLA por Río Negro en plena reunión y exigió el desplazamiento de José Luis Espert por el escándalo de los presuntos aportes de USD 200.000 vinculados a “Fred” Machado.
