El jefe camionero desplazó al tesorero y al secretario administrativo por “inconsistencias” en el Hotel 15 de Diciembre de Mar del Plata. La causa penal avanza en una fiscalía local y reaviva la interna con Pablo Moyano, en medio de la crisis de la obra social.
Política02 de octubre de 2025
Sección País
Se viven días agitados en el tercer piso de San José 1781. Alertado por Héctor “Yoyo” Maldonado, Hugo Moyano ordenó auditar los números del Hotel 15 de Diciembre que Camioneros tiene en Mar del Plata y, ante “inconsistencias” detectadas, pasó a la acción: apartó al secretario Administrativo, Claudio Omar Balazic, y al tesorero, Paulo Héctor Villegas. Ambos estaban en su círculo de máxima confianza y figurarían como firmantes de cheques bajo la lupa judicial.
El caso ya está judicializado. El 12 de septiembre se radicó una denuncia en la fiscalía N°10 de Mar del Plata, a cargo de Carlos David Bruna. El administrador del hotel fue expulsado del gremio y denunciado, aunque su defensa sostiene que no tenía poder de decisión y que la maniobra habría sido digitada desde la sede porteña. En paralelo, el sindicato informó el cierre temporal del hotel por “reformas”.
El episodio vuelve a tensar la interna de Camioneros. Pablo Moyano, aún secretario adjunto, se mantiene distanciado de la vida interna del gremio desde hace casi dos años y enfocado en el Club Deportivo Camioneros. El vínculo con su padre está roto, con reproches cruzados que trascendieron en ámbitos sindicales y políticos. Mientras tanto, otros hijos de Hugo —Hugo (h.), Karina y Jerónimo— ascendieron en la estructura de la Federación.
La crisis también golpea a la obra social Oschoca, administrada por Iarai SA, el holding sanitario vinculado a Liliana Zulet, pareja de Moyano. En las 23 seccionales del interior la deuda trepa a $26.617 millones, y fuentes sindicales estiman que el rojo total —sumando la provincia de Buenos Aires— rondaría los $50.000 millones. Para auxiliar la caja, desde hace más de un año se pactó en paritarias un aporte empresario extraordinario hoy fijado en $20.000 por trabajador, autorizado por la Secretaría de Trabajo.
Con la causa penal en curso, el hotel cerrado y una cúpula en reacomodo, el sindicato enfrenta un frente contable, judicial y político que, según admiten en la casa de San José, recién empieza a desandarse.
El exjefe de la AFIP y exdirector de Aduanas, uno de los funcionarios con más poder de la era kirchnerista, cumple funciones en el control de embarques fluviales que salen hacia Uruguay desde el partido de Tigre.
Documentos oficiales en Brasil vinculan a Ariel y Damián García Furfaro con HLB Pharma do Brasil, mientras la causa argentina por las ampollas adulteradas describe fallas graves de trazabilidad y abre hipótesis de desvíos al narcomercado. Rosario se presentó como querellante y la Triple Frontera vuelve a quedar bajo la lupa.
La Comunicación “A” 8336 obliga a bancos y agentes a exigir una DDJJ que prohíbe compras de títulos con liquidación en dólares por 90 días. Rige en doble sentido, alcanza también a personas humanas y busca desactivar “rulos” ante la brecha.
El sindicato acusó a las firmas de reducir planteles pese a los beneficios fiscales del régimen (Ley 27.506) y pidió auditorías y “clawback”. Señalan que Globant recortó 453 puestos en 2025. Las empresas y la CESSI no respondieron por ahora.
El gobernador rescindió por decreto el acuerdo por la ex Alpesca en Puerto Madryn. La empresa estadounidense denuncia “inseguridad jurídica”, elevó el caso a la Embajada y a despachos del Departamento de Estado y advierte por el impacto en la inversión. La Provincia alega incumplimientos; en el sector mencionan el interés de la española Profand.
La diputada del FIT ironizó sobre la candidata a senadora de LLA por Río Negro en plena reunión y exigió el desplazamiento de José Luis Espert por el escándalo de los presuntos aportes de USD 200.000 vinculados a “Fred” Machado.
La CD puso en stand by la firma con Atomik y reabrió la negociación con Puma. En paralelo, el oficialismo señala a Martín Muscio y Esteban Sáenz Rico por un presunto conflicto de interés y una campaña de presión —vía consultoras y medios partidarios— para sostener a la firma alemana, pese a que, hasta ahora, la propuesta de la marca nacional es superior.
