El exjefe de la AFIP y exdirector de Aduanas, uno de los funcionarios con más poder de la era kirchnerista, cumple funciones en el control de embarques fluviales que salen hacia Uruguay desde el partido de Tigre.
Política02 de octubre de 2025
Sección País
Ricardo Echegaray conoció el poder desde adentro: fue designado al frente de la AFIP el 30 de diciembre de 2008 por Cristina Fernández de Kirchner, condujo antes la Dirección General de Aduanas y más tarde llegó a la Auditoría General de la Nación (AGN) por cupo del PJ. En aquellos años, no faltaba quien dijera que por AFIP y Aduana circulaba “más información que en la SIDE”.
Con el cambio de ciclo político, ensayó una reubicación sindical: se presentó en elecciones del SUPARA (el gremio aduanero), donde perdió en medio de tironeos y polémicas. Hoy su presente es otro: pasa sus jornadas en el puerto de Tigre, en el control de la Aduana por donde tramitan la salida las lanchas de la empresa Cacciola con destino a Carmelo o Montevideo. Quienes hacen el papeleo previo al embarque lo ven allí, del lado del mostrador.
La escena condensa una idea que en la política se repite como mantra pero pocas veces se asume: el paso por el poder es transitorio; el llano siempre llega.
Documentos oficiales en Brasil vinculan a Ariel y Damián García Furfaro con HLB Pharma do Brasil, mientras la causa argentina por las ampollas adulteradas describe fallas graves de trazabilidad y abre hipótesis de desvíos al narcomercado. Rosario se presentó como querellante y la Triple Frontera vuelve a quedar bajo la lupa.
El pedido de extradición de EE. UU. describe un entramado de trusts y matriculación de aeronaves para lavar dinero y mover cocaína. En la Argentina, fiscales y rivales políticos ponen la lupa en si parte de esos fondos nutrieron la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019; el diputado se negó a responder si recibió una transferencia de USD 200.000.
La Comunicación “A” 8336 obliga a bancos y agentes a exigir una DDJJ que prohíbe compras de títulos con liquidación en dólares por 90 días. Rige en doble sentido, alcanza también a personas humanas y busca desactivar “rulos” ante la brecha.
El sindicato acusó a las firmas de reducir planteles pese a los beneficios fiscales del régimen (Ley 27.506) y pidió auditorías y “clawback”. Señalan que Globant recortó 453 puestos en 2025. Las empresas y la CESSI no respondieron por ahora.
El gobernador rescindió por decreto el acuerdo por la ex Alpesca en Puerto Madryn. La empresa estadounidense denuncia “inseguridad jurídica”, elevó el caso a la Embajada y a despachos del Departamento de Estado y advierte por el impacto en la inversión. La Provincia alega incumplimientos; en el sector mencionan el interés de la española Profand.
La diputada del FIT ironizó sobre la candidata a senadora de LLA por Río Negro en plena reunión y exigió el desplazamiento de José Luis Espert por el escándalo de los presuntos aportes de USD 200.000 vinculados a “Fred” Machado.
La CD puso en stand by la firma con Atomik y reabrió la negociación con Puma. En paralelo, el oficialismo señala a Martín Muscio y Esteban Sáenz Rico por un presunto conflicto de interés y una campaña de presión —vía consultoras y medios partidarios— para sostener a la firma alemana, pese a que, hasta ahora, la propuesta de la marca nacional es superior.
