La Justicia de EE.UU. mantiene vigente el pedido de extradición por narcotráfico, lavado y fraude contra el empresario argentino. Si la Corte Suprema convalida la entrega, la decisión final quedará en manos del Poder Ejecutivo.
Política05 de octubre de 2025
Sección País
En la Argentina, la extradición de Federico "Fred" Machado atraviesa su tramo decisivo. Tras más de cuatro años de trámite, el expediente volvió a ganar temperatura electoral: una vez que la Corte Suprema se expida, el caso pasará a la Casa Rosada para la firma del Presidente. En paralelo, Washington ratificó que el requerimiento judicial sigue en pie, despejando dudas sobre eventuales cambios en la acusación.
El derrotero judicial tuvo un hito central el 12 de abril de 2022, cuando el juez federal de Neuquén Gustavo Villanueva declaró procedente la extradición. En 48 páginas, verificó la doble incriminación (tráfico de drogas, lavado y fraude electrónico), rechazó que se trate de delitos políticos o militares y sostuvo que el tratado bilateral con EE.UU. cubre íntegramente los cargos. La defensa interpuso recursos, entre ellos uno que invocó la situación de Kayleigh Moffett —coacusada en Texas— para intentar frenar el trámite; la Cancillería consultó a EE.UU. y la respuesta fue concluyente: el pedido por Machado sigue vigente.
El frente externo está concentrado en el expediente “United States vs. Mercer-Erwin et al.” (Case 4:20-CR-00212, Eastern District of Texas). Allí, a Machado se lo ubica como pieza clave de un esquema que combinaba la logística de aeronaves registradas a través de compañías de Florida (South Aviation y Pampa Aircraft Financing) con el presunto tráfico de cocaína a gran escala y un fraude tipo Ponzi con “aviones fantasma”. Las pruebas incluyen aeronaves incautadas en México, Guatemala, Belice y Honduras, cargamentos que superaron las dos toneladas y movimientos financieros por cientos de millones de dólares. Su exsocia Debra Lynn Mercer-Erwin fue condenada a 16 años; otros coimputados recibieron penas relevantes. Machado espera ser juzgado en Texas.
El capítulo político local se vuelve más sensible a días de las legislativas. La firma final de la extradición es una potestad del Ejecutivo y, por lo tanto, una decisión de Javier Milei. En ese tablero orbitan el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y asesores de referencia jurídica del oficialismo. El abogado Francisco Oneto —patrocinante personal del Presidente— intervino en presentaciones que demoraron el expediente al forzar nuevas consultas diplomáticas, aunque formalmente no debería integrar el circuito decisorio administrativo.
Mientras tanto, el caso ya impacta en la conversación pública porteña y en el interior judicial. Dirigentes de primera línea siguen de cerca la evolución del trámite; en particular, Patricia Bullrich monitorea la causa por su arista narco, según admiten en su entorno. La pregunta que sobrevuela cafés y pasillos: ¿qué consecuencias políticas tendría que Machado hable ante la justicia extranjera y qué derivaciones locales podrían desprenderse?
El reloj corre. Entre una Corte que aún debe cerrar el capítulo judicial y un Ejecutivo que cargará con la definición política, la extradición de “Fred” Machado se convirtió en una prueba de decisión —y de costos— para el Gobierno en la recta final de la campaña.
Deberán ser de dos horas y de no más de tres personas; además, no deberían ser más de dos por semana; se da después de un encuentro con un grupo de nueve economistas
El extitular de la Agencia de Discapacidad estuvo durante una hora y media frente al juez Casanello y se negó a responder preguntas por el presunto esquema de sobornos y contratos direccionados.
La administración de Jorge Macri concretó una emisión bajo ley extranjera a siete años promedio, en medio de una mejora en los costos del crédito.
En el marco de la causa que lo condenó por la Tragedia de Once, los jueces Basílico, Canero y Costabel denegaron el pedido hecho por los abogados Rusconi y Palmeiro. Al exministro todavía le queda una instancia para que se revierta esta decisión.
El TOF 2 dispuso una incautación de 122 inmuebles por un valor equivalente a $684.000 millones. La medida afectó también a Máximo y Florencia, hijos de la expresidenta, a Lázaro Báez y al resto de los condenados.
En una reunión convocada para las 11 en la comisión de Asuntos Constitucionales, el peronismo buscará evitar, por presuntos lazos "narco", la firma del dictamen que le permitiría a la actual diputada del oficialismo extender su cargo.
La legisladora del PRO por Chaco, Marilú Quiroz, aseguró que está “en contra” del carácter “obligatorio y compulsivo” de las vacunas y encabezará una charla en la Cámara baja para cuestionar los componentes de la vacuna contra el Covid-19.
