El Gobierno promulgó las leyes de financiamiento universitario y pediátrico, pero postergó su aplicación

Lo hizo a través de dos disposiciones publicadas en el Boletín Oficial. La suspensión regirá hasta que el Congreso asigne fondos en el presupuesto.

Política21 de octubre de 2025Sección PaísSección País
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El Gobierno nacional promulgó este lunes la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente y la Ley 27.796 que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales de salud por un año. Sin embargo, en ambos casos suspendió su aplicación efectiva al amparo del artículo 5 de la Ley 24.629, que establece que ninguna norma que disponga gastos puede ejecutarse sin previsión expresa de su financiamiento en el Presupuesto Nacional.

La decisión quedó formalizada en los decretos 759/2025 y 760/2025. En los considerandos, el Poder Ejecutivo argumentó el impacto fiscal de las medidas y señaló que su implementación quedará supeditada a que el Congreso delimite las fuentes y autorice las partidas correspondientes en el Presupuesto.

La Ley de Financiamiento Universitario garantiza el sostenimiento del sistema universitario público, dispone la actualización automática de las transferencias según la variación acumulada del IPC y encomienda a la Auditoría General de la Nación controles externos con remisión al Congreso. Además, ordena adecuar al 1° de enero de 2025 los presupuestos de las universidades públicas sin afectar la coparticipación ni los ATN, y habilita financiar la norma con incrementos de recaudación por encima de lo presupuestado.

Por su parte, la Ley de Emergencia Pediátrica prioriza recursos para bienes e insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial. Prevée recomposición inmediata de salarios del personal de salud, la exención del impuesto a las Ganancias para tareas críticas (guardias y horas extra) y declara al Hospital Garrahan como centro nacional de referencia, asegurando su funcionamiento pleno. También crea una comisión de seguimiento integrada por Salud, el COFESA, la Sociedad Argentina de Pediatría y las comisiones de Salud del Congreso, con informes trimestrales.

En un capítulo específico, la norma pediátrica faculta al Ejecutivo a reasignar partidas del Ministerio de Salud y, de ser necesario, ampliar recursos con reservas para contingencias sanitarias. No obstante, la ejecución queda en suspenso hasta que el Congreso ancle el financiamiento en la “ley de leyes”, en un escenario donde el oficialismo reclama equilibrio fiscal y la oposición dialoguista condiciona su apoyo a que se cumplan estas tres leyes sociales (Universidades, Discapacidad y Emergencia Pediátrica).

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