Sección País
Un nuevo frente de conflicto se abrió en la provincia de Buenos Aires, reavivando las tensiones internas en el peronismo. El gobernador Axel Kicillof decidió vetar cuatro artículos centrales del Presupuesto 2026 de la Cámara de Diputados bonaerense, una maniobra que desató una inmediata reacción política y un planteo jurídico de gravedad institucional que unió al kirchnerismo duro con la oposición de la UCR y el PRO.
El rechazo del Ejecutivo alcanzó a los artículos 14, 15, 16 y 17 de la planificación de gastos aprobada semanas atrás. Desde la gobernación argumentaron que esas disposiciones modificaban procedimientos contables y administrativos vigentes en la Provincia. Sin embargo, para los legisladores, la decisión representa un ataque directo a la autonomía operativa del cuerpo.
La polémica constitucional
El conflicto escaló rápidamente hacia un debate legal. Desde el kirchnerismo, junto a bloques opositores, cuestionaron la validez del veto citando el artículo 94 de la Constitución bonaerense. Dicho precepto establece que la Legislatura sanciona su propio Presupuesto y es taxativo al señalar que esa ley no puede ser vetada por el Poder Ejecutivo.
Bajo este argumento, los diputados sostienen que tienen el derecho exclusivo a fijar su dotación de personal y la forma de provisión de recursos. La medida de Kicillof generó un abroquelamiento político inédito: dirigentes del massismo, el kirchnerismo y espacios opositores comenzaron a coordinar una respuesta conjunta, con el presidente del cuerpo y referente alineado con Cristina Kirchner, Alejandro Dichiara, como uno de los interlocutores centrales.
Qué decían los artículos vetados
El nudo de la disputa es el manejo de la caja. Los artículos observados buscaban garantizar la previsibilidad financiera de la Cámara. La primera norma exigía que la Contaduría General validara el plan financiero anual y que la Tesorería garantizara la transferencia de fondos.
Más profundo aún era el planteo de los artículos 15 y 16, que ordenaban al Banco Provincia implementar un sistema de remisión diaria de recursos, calculado proporcionalmente sobre la recaudación, para evitar la discrecionalidad del Ejecutivo en el envío de las partidas. El artículo 17, por su parte, sumaba la intervención del Tribunal de Cuentas ante eventuales demoras. Al borrar estos puntos de un plumazo, Kicillof recuperó el control de la canilla de fondos, pero desató una guerra institucional de final abierto.
