Jueces y fiscales amenazan con judicializar la "ley de leyes" para impedir que se les cobre el impuesto, como propone el FDT. La UEJN convocó a un paro.
22 de octubre de 2022
Sección País
La Asociación de Magistrados y funcionarios de la Justicia Nacional reclamaron una instancia de participación en el Congreso para debatir la incorporación en el Presupuesto 2023 de un artículo que obliga a los jueces, fiscales y defensores oficiales y funcionarios judiciales a pagar el impuesto a las Ganancias.
Los magistrados no descartaron presentar recursos de amparo para judicializar el Presupuesto 2023 y tratar de impedir su aplicación en la medida en que crean que vulnera sus derechos adquiridos y la intangibilidad de sus sueldos.
“Es imperioso expresar nuestra más profunda preocupación ante lo que aparece como un desconocimiento del imperativo constitucional contenido en el art. 110 de la Constitución Nacional, relativo a la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados, en cuanto mandato dirigido a los otros dos poderes del Estado que, sin instituir privilegio alguno, les impone abstenerse de dictar o ejecutar acto alguno que implique reducir la compensación que reciben por sus tareas (Fallos: 329:385, Considerando 8° voto mayoría)”, detallaron por medio de un comunicado.
El intento del oficialismo de obligar a los jueces a pagar Ganancias generó fuerte rechazo en la esfera judicial. Distintas agrupaciones del sector, así como el sindicato de empleados judiciales, salieron a replicar la iniciativa que fue aprobada en comisión en la Cámara de Diputados. Se declararon en estado de alerta y convocaron, a través de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, a una reunión extraordinaria para tratar el tema.
En este sentido, los jueces aseguraron: “Nos vemos obligados una vez más a reafirmar nuestros principios democráticos y republicanos, que involucran a una real división de poderes y a la independencia de los órganos de la justicia que se ven peligrosamente avasallados con este proyecto de reforma, que solo trasluce incomprensión de las funciones y responsabilidades que nos caben a los magistrados y funcionarios de la justicia de la Nación”.
Además, las tres agrupaciones que nuclean a jueces, fiscales, defensores oficiales y funcionarios -y que esta semana se enfrentaron en las elecciones para el Consejo de la Magistratura– también salieron a rechazar sin diferencias el proyecto. Lo mismo hizo Julio Piumato, titular de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, quien anunció medidas de fuerza.
Vale recordar la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación incluyó un artículo que obliga a los jueces a pagar el Impuesto a las Ganancias minutos antes de emitir dictamen sobre la "ley de leyes".
La propuesta llegó en un momento de suma tensión entre el Gobierno nacional y la Justicia, dado que el Poder Ejecutivo acusa la Corte Suprema de ser responsable de una “persecución” judicial contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner.
Se trata del abogado Franco Bindi, cercano a los servicios de inteligencia y a la petrolera venezolana PDVSA. Su relación con Marcela Pagano y las sospechas de Lilia Lemoine.
Antes de resolver si se queda con la causa, la jueza federal Maquieira solicitó una "aclaratoria" que especifique la causa del amparo contra el alza indiscriminada autorizada por un DNU aún vigente, emitido por el propio Gobierno.
Se trata de Maximiliano Keczeli, quien estaba al frente del área de legales, y Gerardo Marcelo Hita, que se desempeñaba como director del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
Aseguró que no había un caso o controversia en el planteo del constitucionalista Andrés Gil Domínguez para que el Congreso acelerara el debate de la norma.
Horas atrás apareció una cuenta creada por la vicepresidenta, en la red social X, donde “gente linda” recuerda al ex dictador.
Javier Alonso, ministro de Seguridad de Axel Kicillof, acusó a Javier Milei de no enviarles dinero “que está asignado por el Congreso” y que “no se está cumpliendo por el DNU” que está vigente desde diciembre.
La máxima entidad monetaria redujo otros 10 puntos el índice de referencia, lo cual impactará en los rendimientos de los plazos fijos, entre otros aspectos de la economía.
En un plenario de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales, el oficialismo cosechó 61 firmas para el despacho, que contó con el apoyo del PRO y parte de la UCR y Hacemos Coalición Federal.
Pese a la caída en las ventas, se trasladaría la suba pendiente del último trimestre de 2023 del gravamen a los combustibles líquidos.
Ubicado en el Municipio de Quilmes, esconde una historia de idas y vueltas que se extendió a lo largo de los últimos doce años.
