El ex presidente expresó que constituye “un claro abuso de poder”. Aseguró que las medidas provocarán “graves efectos económicos y sociales”.
Política21 de diciembre de 2023
Sección País
El ex presidente Alberto Fernández aseguró este jueves que el DNU de Javier Milei es “ilegal” y que “la República está en peligro”, porque se tratan de medidas “contrarias a la Constitución y a los intereses de nuestro pueblo”.
“Cuando la democracia está cumpliendo 40 años de continuidad, nuestro país asiste a un hecho de extrema gravedad institucional jamás visto. El Poder Ejecutivo, en un acto de claro abuso de poder, ha avanzado sobre las atribuciones exclusivas del Poder Legislativo”, comenzó Fernández en un hilo de la red social X, antes Twitter.
“El espíritu que gobierna el ilegal DNU dictado, provocará graves efectos económicos y sociales: abre indiscriminadamente las importaciones, pone en riesgo el ambiente y nuestros recursos naturales, desregula el sistema de salud, precariza el trabajo y restringe derechos”, agregó.
Luego, indicó que Milei “ha golpeado al sistema republicano de gobierno y ha adoptado medidas en detrimento de la industria nacional, de los bienes y recursos del Estado y de los derechos de los trabajadores”.
En ese marco, señaló que el cambio “deja en evidencia la gravedad institucional que reviste el atropello presidencial”. Por otro lado, remarcó que los problemas del país “pueden y deben resolverse por los canales legales e institucionales previstos en nuestra Constitución Nacional”.
“Aunque no se sabe quién es el autor intelectual y quién el redactor de la norma, no se cumple con los requisitos de necesidad y urgencia exigidos por la Constitución”, lanzó.
A su turno, dijo que el Presidente y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, “han repetido datos falsos tratando de montar un escenario de caos para justificar la destrucción del Estado y de los derechos de los trabajadores”
“Con esa lógica firmaron el DNU que se cuestiona”, destacó el ex presidente.
“La República está en riesgo por el desatino que exhibe el Presidente al dictar medidas contrarias a la Constitución y a los intereses de nuestro pueblo. A él le cabe la responsabilidad de vulnerar groseramente las normas del Estado de Derecho”, finalizó.
El nuevo embajador de Estados Unidos entregó sus cartas en el Salón Blanco y luego se reunió con el Presidente. El gesto llega en la previa del viaje de Milei a Miami para el America Business Forum y la cumbre de la CPAC. Quirno lo había recibido ayer; también hubo contactos con el Departamento de Estado.
Con la “doble firma” del presidente de la comisión, Bertie Benegas Lynch, La Libertad Avanza consiguió 21 rúbricas y el despacho de mayoría. PRO, UCR, Producción y Trabajo e Innovación Federal acompañaron en disidencia. UxP reunió 20 firmas y presentó rechazo. Habrá cuatro dictámenes y un trámite que el Gobierno pretende llevar al recinto con el Congreso renovado.
El Presidente hablará el jueves 6 en el Kaseya Center y asistirá a la cumbre conservadora CPAC esa misma noche. Viaja con Karina Milei, Luis Caputo y el canciller Pablo Quirno. En la Casa Rosada admiten que el encuentro con Trump luce “muy difícil”; con Messi está descartado por cuestión de horas.
Mientras ordena su salida del Poder Ejecutivo, la ministra Seguridad ya trabaja en su aterrizaje en la Cámara alta: avisó a Ezequiel Atauche que lo reemplazará, sumó a Carmen Álvarez Rivero al bloque y activó gestiones por despacho. La presidencia provisional queda descartada. En el horizonte, una relación fría e institucional con Victoria Villarruel.
La Sala II escuchará este martes a las 10.30 en Comodoro Py los recursos de la familia Kovalivker y del ex titular de la agencia Diego Spagnuolo. Casanello ya había rechazado los planteos; el fiscal Franco Picardi sostiene que no hubo vicios y que las nulidades buscan “entorpecer una pesquisa incipiente”.
La agencia otorgó en uso un piso de unos 761 m² que la universidad destinará a depósito, mantenimiento y patrimonio. La casa de estudios pidió una segunda etapa para sumar el resto del edificio y ofreció devolver otro inmueble.
Tiene casi 10.000 m² y estaba destinado a talleres, que fueron reubicados en el barrio porteño de Barracas. La fuerza deberá custodiarlo hasta su enajenación.
