El Gobierno envió una contrapropuesta para destrabar la ley ómnibus

El Gobierno envió un nuevo texto al Congreso con modificaciones en los artículos sobre delegación de facultades y privatizaciones para tratar de acercar posiciones con los bloques dialoguistas y lograr la sanción de la ley ómnibus, pero la contrapropuesta sigue generando resistencias en el radicalismo y el bloque que lidera Miguel Pichetto.

La recepción que causó el envío del nuevo dictamen, que recién a dos días de iniciado el debate llegó al Congreso, fue supervisado personalmente por Karina Milei, que se acercó a seguir la sesión con el vocero Manuel Adorni, golpeado por el escándalo de la designación de su hermano.

Según el documento que ya circula entre las bancadas, el Gobierno reduciría a seis las materias sobre las que reclama al Poder Legislativo facultades delegadas. Esas potestades serían sobre competencias económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa.

Milei aceptaría que la facultad delegada se limite a un año y se pueda prorrogar por otro más pero sólo con autorización del Congreso.

Aunque fuentes de la UCR dijeron que este texto debe ser analizado ahora por los bloques aliados, durante la segunda jornada del tratamiento en recinto de la ley ómnibus creció el rumor sobre la posibilidad de que el radicalismo rechace el capítulo de seguridad. Incluso, una diputada deslizó que podría impugnarse la concesión de facultades al Presidente en materia de seguridad. El partido centenario cuenta con 34 bancas.

Pero el punto más difícil de sortear para el oficialismo podría ser el capítulo de privatizaciones. En ese segmento del proyecto, el Gobierno pretende darle intervención a una "Comisión Bicameral", algo que rechazan la Coalición Cívica y los cinco diputados cordobeses que integran el bloque de Pichetto.

En la CC-ARI consideran que "una Bicameral permitiría que un grupito de diputados se hicieran millonarios", en clara alusión a la corrupción que podría incubarse por los intereses de quienes quisieran quedarse con las empresas públicas. De hecho, la propuesta del Ejecutivo plantea una comisión integrada por seis senadores y seis diputados, que serían elegidos por sus respectivos cuerpos.

En ese sentido, los libertarios se enfrentarían a la promoción de nuevos cambios de parte de los bloques aliados y, entonces, se pondría a prueba la elasticidad o rigidez de Milei nuevamente. "No va a negociar, va a todo o nada y se puede quedar con nada", comentó un legislador cordobés en uno de los pasillos de la Cámara Baja.

También se corroboraría en breve hasta dónde llega al firmeza de los opositores aliados. Si el oficialismo no accediera a sus planteos, podría ocurrir que a los 105 diputados de Unión por la Patria y la izquierda se sumen a la votación en particular, al momento de debatir las privatizaciones, 10 diputados radicales, cinco cordobeses, seis de la Coalición Cívica, los dos socialistas santafecinos, dos santacruceños y Margarita Stolbizer. De esta manera, se configuraría un rechazo de 130 legisladores y un escenario sobre el que ningún bloque se anima a hacer pronósticos.