El Tesoro estadounidense informó que la Argentina puso en marcha “una pequeña parte” del acuerdo por USD 20.000 millones. No hubo precisiones oficiales sobre el monto. En el mercado estiman unos USD 2.700 millones, usados para cancelar obligaciones previas y vencimientos con el FMI.
En la Casa Rosada analizan tratar del 10 al 31 de diciembre el Presupuesto 2026 y el proyecto de “presunción de inocencia fiscal”, y dejar para febrero las reformas laboral, tributaria, previsional y penal. Gobernadores mineros piden cambios en la Ley de Glaciares.
Con el Decreto 787/2025, el Ejecutivo derogó el régimen vigente desde 1993 que obligaba a informar anticipadamente matrícula y cuotas y a contar con aval estatal. Argumentan que, tras la transferencia educativa a las provincias, la regulación nacional encarecía y rigidizaba el sistema.
La cautelar, firmada por el subrogante Lucas Taboada, impide a CCC y a sus trabajadores difundir contenidos que “injurien o desacrediten” a miembros del Poder Judicial provincial. Organizaciones de prensa y DD.HH. hablan de “censura previa” y anuncian impugnaciones.
Por decreto, el Ejecutivo disolvió la Secretaría de Comunicación y transfirió su personal, presupuesto y funciones a la Jefatura de Gabinete. La norma también reconfigura áreas: fija cuatro Secretarías Presidenciales que asistirán en forma directa al Presidente y mueve Turismo, Ambiente y Deporte bajo la órbita del jefe de Gabinete.
El ministro de Economía ratificó el esquema de flotación con bandas como “superior” a una libre, adelantó que el acuerdo comercial con EE.UU. “está listo” y proyectó inflación por debajo del 1% mensual hacia mediados de 2026 y crecimiento de 5/6% en 2025.
El Ejecutivo necesita una quincena de votos extra en Diputados y negocia con mandatarios “dialoguistas”. Piden nueva regla para los Aportes del Tesoro, mayor participación en el impuesto a los combustibles, cobertura del déficit de cajas provinciales y avales para endeudamiento en infraestructura.
Tras imponerse en 15 distritos en las elecciones de octubre, el oficialismo acelera la construcción territorial. Bullrich y Santilli asoman para CABA y Buenos Aires; Karina Milei conduce el despliegue y cruza la tensión con el PRO. Caputo, más proclive a pactar con gobernadores.
El sector que impulsó a Cristian Jerónimo al nuevo triunvirato convocó para este lunes a las 19 en la sede de AEFIP. Participarán Gerardo Martínez, Domingo Moreyra y Sergio Sasia, con Guillermo Moser como anfitrión.
El sanjuanino se reunió con Diego Santilli y Manuel Adorni. Reclamó “mirada federal”, defendió la obra pública y destacó el potencial minero con el RIGI y el levantamiento del cepo. Sobre la reforma laboral, dijo: “Abrimos las orejas y escuchamos”.
El economista planteó gravar retiros de dinero para reemplazar el Impuesto al Cheque e incentivar pagos digitales, lo cual fue desestimado por el Presidente. El viceministro de Economía, José Luis Daza, advirtió que la idea “desestabiliza” al sistema y castiga a los más pobres.
Mariano Pirozzo sancionó a varios trabajadores —entre ellos la titular de APyT, Norma Lezana— y los acusó de “coacción, resistencia a la autoridad y usurpación”. El gremio convocó a un cabildo abierto para repudiar la medida y debatir ante las reformas laboral y previsional.
El ministro de Gobierno bonaerense afirmó que “la gente no llega a fin de mes” y que la industria—mitad radicada en el territorio—es de los sectores “más golpeados”. Reclamó endeudamiento para crear un fondo municipal y apuntó a la caída de la coparticipación y a “recortes” nacionales por 13 billones de pesos.
El indicador de JP Morgan cayó a 596 puntos por el rally de bonos tras el triunfo de Milei, el anuncio de un plan de recompra y la inminente comunicación de un acuerdo comercial con EE.UU. En la Bolsa, el Merval sube 2,8%; los ADRs arrancan mixtos en Wall Street.
Apadrinado por Santiago Caputo, el secretario de Inteligencia recalcula su alineamiento en medio del reordenamiento pos-electoral. El “karinismo” avanza sobre la cobertura de 347 vacantes judiciales y procura retener el timón de Justicia al menos hasta febrero.
El embajador en Washington dijo que solo resta definir “el momento adecuado” para anunciarlo y evitó detalles por un acuerdo de confidencialidad. Atribuyó la calma financiera al swap de USD 20.000 millones y al “apoyo” del Tesoro estadounidense.
Jorge Macri reclama que el proyecto garantice por ley el esquema acordado con Economía (1,40% diario y 1,55% semanal). El PRO firmó el dictamen en disidencia y avisa que sin ese artículo no hay acompañamiento. El ministro del Interior, entre la negociación con gobernadores y la presión de su propio partido.
En su primera entrevista tras meses de silencio, el expresidente se refirió a la causa por violencia de género que enfrenta. Dijo que entregó el teléfono a la Justicia y que no hay chats que lo incriminen.
El acto será a las 15 en el Salón Blanco, encabezado por Javier Milei. El nuevo ministro ya recibió a Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca) y prepara encuentros con Martín Llaryora, Gustavo Sáenz y Marcelo Orrego. Ratificó que no se reunirá con Axel Kicillof.
Apunta a graduados universitarios con perfil para investigar crimen organizado. Habrá nueve meses de formación intensiva y egreso con el grado de Subinspector, informó el Ministerio de Seguridad.
Apadrinado por Santiago Caputo, el secretario de Inteligencia recalcula su alineamiento en medio del reordenamiento pos-electoral. El “karinismo” avanza sobre la cobertura de 347 vacantes judiciales y procura retener el timón de Justicia al menos hasta febrero.
El economista planteó gravar retiros de dinero para reemplazar el Impuesto al Cheque e incentivar pagos digitales, lo cual fue desestimado por el Presidente. El viceministro de Economía, José Luis Daza, advirtió que la idea “desestabiliza” al sistema y castiga a los más pobres.
Tras imponerse en 15 distritos en las elecciones de octubre, el oficialismo acelera la construcción territorial. Bullrich y Santilli asoman para CABA y Buenos Aires; Karina Milei conduce el despliegue y cruza la tensión con el PRO. Caputo, más proclive a pactar con gobernadores.
Con el Decreto 787/2025, el Ejecutivo derogó el régimen vigente desde 1993 que obligaba a informar anticipadamente matrícula y cuotas y a contar con aval estatal. Argumentan que, tras la transferencia educativa a las provincias, la regulación nacional encarecía y rigidizaba el sistema.
